• San José, Costa Rica |
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  • EFE

Tras más de 12 horas de reunión en la tercera jornada de un diálogo con la mediación de la Iglesia Católica, el Gobierno y los sindicatos de Costa Rica siguen sin encontrar un acuerdo que ponga fin a una huelga en rechazo a una reforma fiscal.

En una conferencia de prensa a las 00.30 de este sábado (6.30 GMT), el ministro de Trabajo, Steven Núñez, afirmó, sin revelar detalles, que han habido "avances importantes" y que las conversaciones continuarán este sábado.

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"El gobierno reitera la urgente necesidad de probar la reforma para la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Pero vamos viendo puntos en los que podemos ir acercándonos y encontrándonos. Hay optimismo porque nos acercamos más de lo que estábamos ayer", declaró Núñez.



Los sindicatos informaron en conferencia de prensa por aparte que continuarán el diálogo con el Gobierno este sábado, pero que la huelga "se mantiene firme" en busca de una reforma tributaria "justa y solidaria".

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"Nos mantenemos en pie de lucha, esta huelga continúa. Seguimos en las conversaciones preliminares para establecer una esa de negociación. Estamos trabajando en busca de la mejor solución para el país", declaró la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Mélida Cedeño.



Las partes presentaron propuestas que buscan sentar las bases para establecer una mesa de negociación multisectorial, que ponga ponga fin a la huelga sindical que este sábado entra en su día 13.

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El Gobierno ha aceptado discutir un documento con 39 iniciativas fiscales de los sindicatos, pero lo considera complementario a la reforma tributaria que estudia el Congreso.

Los gremios piden que con sus propuestas se redacte un nuevo proyecto en una mesa multisectorial que sustituya al texto que analizan los diputados.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo a primera hora del viernes que la "ruta crítica" establecida para el proyecto de reforma fiscal se mantiene, con el objetivo de que sea aprobado en el Congreso en octubre.

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Los sindicatos rechazan la reforma tributaria porque consideran que afectará en mayor medida a las clases media y baja, y a los trabajadores públicos debido a recortes a pluses salariales que la iniciativa incluye.

El Gobierno afirma que el 82 por ciento del dinero que pretende recaudar con la reforma tributaria provendrán del 30 por ciento de la población con mayores ingresos y solo el 4,8 por ciento se recargará al 30 por ciento de la población más pobre.

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El Gobierno ha informado que aparte del sector educación y educación, en los que sí hay apoyo fuerte a la huelga, en el resto del sector público el movimiento cuenta con baja participación.

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La reforma fiscal busca paliar el déficit previsto en el 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el 2018, y frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

La reforma llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

También incluye la renta global y modificaciones a la renta de capital, entre otros asuntos.