• Tegucigalpa, Honduras |
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  • EFE

La Corte de Apelaciones de Honduras confirmó hoy la prisión preventiva de un policía y un exagente policial, presos desde noviembre de 2017 presuntamente por aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas en la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que los jueces de la Corte de Apelaciones dejaron firme el fallo emitido en noviembre de 2017 por un juzgado que convalidó la prisión preventiva del investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales.

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Señaló que la Corte de Apelaciones declaró "sin lugar" un recurso de apelación presentado por la defensa de los expolicías, quienes estaban asignados a la investigación del asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016.

La resolución de la Corte de Apelaciones señala que los acusados seguirán en prisión preventiva, indicó el Ministerio Público del país. Ambos son acusados por el delito de "inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos", añadió.

De acuerdo a una investigación realizada por fiscales, los detenidos presentaron "pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista", precisó el organismo hondureño.

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Dos de esas pruebas falsas, según las investigaciones, eran la declaración de un supuesto "testigo protegido", así como "una grabación que fue adulterada".

Esa investigación fue sustentada mediante "prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional", señaló.

Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

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Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medioambiente y también de los derechos humanos.

El Ministerio Público indicó que por este crimen han sido detenidas otras nueve personas, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Se suman Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.

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La Corte de Apelaciones de Honduras rechazó este miércoles una recusación contra el tribunal de sentencia que va a juzgar a ocho acusados por el asesinato la líder ambientalista.

El juicio oral y público contra los ocho acusados, previsto para el 17 de septiembre, fue suspendido ese mismo día hasta nuevo aviso, debido a la presentación de la recusación contra el tribunal de sentencia.