• San José, Costa Rica |
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  • EFE

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró hoy que está "cerca" un acuerdo con los sindicatos para poner fin a una huelga nacional que hoy cumplió 19 días en rechazo a una reforma fiscal.

"El acercamiento de posiciones logró que estemos cerca del esperado acuerdo", declaró el mandatario a los periodistas luego de una actividad oficial, y antes de que una misión gubernamental participe en la novena jornada de diálogo con los gremios.

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Alvarado expresó su esperanza en que las partes alcancen este viernes, con la mediación de la Iglesia Católica, un acuerdo para deponer la huelga, y aclaró que si eso no se logra su Gobierno continuará con la disposición a seguir conversando.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. ARCHIVO7END.

El Gobierno ha solicitado que se deponga la huelga para establecer una mesa de negociación multisectorial que estudie las propuestas gremiales como un complemento a la reforma. Sin embargo, los sindicatos han exigido que se retire el proyecto del Congreso y que en la mesa de negociación se redacte uno nuevo, que sea "justo y solidario".

El presidente Alvarado enfatizó este viernes en que, pese a la huelga, la reforma tributaria debe seguir su trámite en el Congreso y su meta es que esté aprobada este octubre en la primera de dos votaciones necesarias.

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El jueves la presidenta del Congreso, la diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, activó la discusión en el Plenario de la reforma fiscal al presentar un informe en el que aceptó 368 mociones al proyecto de ley, que serán discutidas y votadas en las próximas seis sesiones.

Los tribunales de Trabajo han declarado hasta este jueves la huelga como ilegal en diez instituciones y legal en una. Una treintena de instituciones públicas solicitaron de manera individual a los tribunales la declaración de ilegalidad del paro.

La huelga continúa este jueves con actividades como marchas y concentraciones pacíficas en diversas partes del país.

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La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del ingreso total nacional previsto para 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno considera urgente la reforma para generar confianza y credibilidad en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y algunos productos de manera diferenciada.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

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Los sindicatos en huelga aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.

El Gobierno afirma que las mayores afectaciones durante la huelga se concentran en el sector educación con un apoyo de alrededor del 70 por ciento, y en el de salud, especialmente las salas de operaciones que registran una afectación del 50 por ciento.