•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

Una jueza de Trabajo declaró hoy ilegal en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la huelga laboral enmarcada en un para nacional sindical, que inició el pasado 10 de septiembre en rechazo a un proyecto de reforma tributaria.

La jueza Susana Porras declaró ilegal la huelga de los cinco sindicatos de la CCSS: Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e instituciones afines, la Unión Nacional de Empleados de la CCSS, la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería, Unión Médica Nacional, y el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

La resolución indica que la huelga en el sector salud está considerada ilegal porque afecta servicios esenciales para la población, y en el fallo la jueza consideró "reprochable e irresponsable" la actitud de los huelguistas.

El sector salud es uno de los más afectados con unas 90.588 citas canceladas y 2.999 cirugías postergadas, según datos divulgados por la CCSS.

El presidente de la CCSS, Román Macaya, pidió este lunes a los trabajadores que se reincorporen a sus puestos, y a los dirigentes sindicales a mantener el diálogo con el Gobierno.

"La Caja (CCSS) es lo que esperan los costarricenses que esté ahí en sus momentos de dolor, de crisis personal o familiar para que los atienda, los costarricenses no pueden esperar más", afirmó Macaya.

Los sindicatos tienen un plazo de tres días para apelar la sentencia y en caso de que quede en firme el patrono podrá rebajar salarios.

El otro sector con afectaciones importantes es el de educación, con cerca del 70 por ciento del personal en huelga y solo el 49 por ciento de los centros educativos abiertos con diversos niveles de afectación.

Los juzgados de Trabajo aún no se pronuncian sobre la legalidad del movimiento en el Ministerio de Educación Pública.

Los jueces de Trabajo han declarado ilegal la huelga en 11 instituciones públicas y legal solo en una, de un total de 32 entidades que acudieron de forma individual a esas instancias para solicitar la ilegalidad del movimiento.

Miles de personas caminan hoy, miércoles 26 de septiembre de 2018, por el centro de San José en una protesta  contra un proyecto de reforma tributaria. /EFE

La huelga entró este lunes en su cuarta semana luego de que las bases sindicales rechazaran el domingo un acuerdo preliminar alcanzado por sus representantes y el Gobierno.

El acuerdo preliminar estipulaba el establecimiento de una mesa de negociación multisectorial para analizar propuestas fiscales de los gremios, pero sin detener el avance de la reforma tributaria en el Congreso.

Los sindicatos rechazaron el acuerdo, ratificaron su total oposición a la reforma tributaria y mantienen la huelga.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno considera urgente la reforma también para generar confianza en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.

La iniciativa tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.