•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

Sindicatos del sector público de Costa Rica entran hoy en la quinta semana de una huelga indefinida en rechazo a una reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso en primer debate el pasado viernes.

Los sindicatos han convocado para hoy a una concentración frente al edificio del Poder Judicial en San José, con el fin de exigir que la reforma fiscal sea declarada inconstitucional por la Sala Constitucional.

Los gremios también han llamado a los trabajadores a realizar protestas en diversas zonas del país.

Estas actividades forman parte de una huelga que comenzó el pasado 10 de septiembre y que exigía el retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso.

Sin embargo, tras la aprobación en primer debate el pasado viernes, los esfuerzos de los sindicatos se dirigirán a pedir al Poder Judicial, principalmente a la Sala Constitucional, que rechace la reforma.

La huelga se ha ido debilitando con el pasar de los días, pero mantiene el apoyo fuerte de los sindicatos del sector educación, que son los más numerosos del país.

El Congreso de Costa Rica aprobó el pasado viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, en la primera de dos votaciones necesarias, la reforma.

El proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa.

La reforma es prioritaria para el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, y busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El plan tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Según el Gobierno, un 80 por ciento de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 por ciento de hogares con mayores ingresos y las empresas.