• San José, Costa Rica |
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  • ACAN-EFE

El déficit fiscal de Costa Rica acumulado durante los primeros nueve meses del año alcanzó el 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), ante lo que el Gobierno reiteró la urgencia de la reforma tributaria.

La ministra costarricense de Hacienda, Rocío Aguilar, expresó en un comunicado la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria llamada "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", que se encuentra en estudio de constitucionalidad en la Sala Constitucional.

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"Frente al panorama que enfrentamos, tengo la confianza en que los diferentes actores que deben participar en lo que sigue del proceso para contar con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tengan clara la trascendencia de aprobar esta reforma y evitar que el país entre de inmediato en una crisis que nos costaría muchos años revertir", dijo Aguilar.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que en los primeros nueve meses del 2018 el déficit fiscal se ubicó en unos 2.588 millones de dólares (4,5 por ciento del PIB), cifra superior a la del mismo periodo de 2017 cuando fue del 4 por ciento del PIB.

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El déficit primario (que no incluye los intereses sobre la deuda) entre enero y septiembre de 2018 fue del 1,9 por ciento del PIB, también más alto que en el mismo periodo de 2017 (1,6 por ciento del PIB). Entre esos periodos los ingresos subieron 1,1 por ciento al pasar de 5.664 millones de dólares a 5.726 millones de dólares, mientras los gastos se incrementaron un 5,8 por ciento desde los 7.856 millones de dólares a los 8.314 millones.

Carlos Alvarado, presidente Costa Rica / Archivo El Gobierno del presidente Carlos Alvarado considera la reforma fiscal como una prioridad para evitar una crisis, generar confianza en los mercados internacionales y garantizar al estabilidad de las finanzas públicas. El pasado 5 de octubre el Congreso aprobó en primer debate la iniciativa tributaria y envió el texto a consulta de diversas instituciones públicas.

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Un grupo de diputados opositores envió el pasado viernes el proyecto a consulta a la Sala Constitucional, pues consideran que violenta la justicia tributaria y reduce presupuestos para ámbitos como la niñez y la educación que están protegidos por la Constitución Política. Del pronunciamiento de la Sala Constitucional, que tiene 30 días hábiles para dar una resolución, dependerá que los diputados puedan efectuar la segunda y definitiva votación de la reforma fiscal.

Costarricenses llevan más de un mes de huelga por la reforma fiscal / Archivo Grupos sindicales comenzaron el pasado 10 de septiembre una huelga en rechazo al proyecto, ya que creen que golpeará a las clases medias y bajas y tratará con suavidad a los sectores empresariales y de mayores ingresos.

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El Gobierno afirma que el 20 por ciento de la población con mayores ingresos cargará con el 80 por ciento de la recaudación fresca del proyecto fiscal. La huelga aún sigue pero con poco apoyo, con excepción de los sindicatos del sector educación que mantiene las clases paralizadas en cerca de la mitad de los centros educativos del país.

La reforma fiscal convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos como los de la canasta básica con el 1 por ciento. La iniciativa también incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir o contener el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.