• San José, Costa Rica |
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  • EFE

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica informó hoy que presentó un recurso de amparo para que el Ministerio de Educación remedie la afectación que está causando al curso lectivo una huelga sindical que comenzó el pasado 10 de septiembre en contra una reforma fiscal.

La Defensoría explicó que la Sala Constitucional acogió para estudio el recurso, que tiene como fin "la adopción inmediata de las medidas para suspender la afectación causada a estudiantes por la huelga".

La iniciativa también busca "acciones remediales y restitutivas del Derecho a la Educación vulnerado en sus diferentes dimensiones", indicó la Defensoría en un comunicado.

Diversos grupos sindicales comenzaron el pasado 10 de septiembre una huelga indefinida en rechazo a una reforma tributaria que se tramita en el Congreso, ya que consideran que ese proyecto golpeará a las clases medias y bajas.

Con el pasar de los días la huelga perdió fuerza y en la actualidad los sindicatos del sector educación son prácticamente los únicos que mantienen el apoyo al movimiento.

Solo la mitad de los centros educativos del país se encuentran abiertos, pero con variados niveles afectación debido a que muchos de los educadores se mantienen en huelga.

Esta situación ha causado atrasos en la evaluación de los estudiantes, mientras el ministro de Educación, Edgar Mora, ha reconocido que existe la posibilidad de que se dicte un cierre técnico del curso lectivo o que no se evalúe el último trimestre.

Estudiantes en manifestación. EFE/END.

En su recurso de amparo, la Defensoría de los Habitantes afirma que existe una violación al derecho a la educación debido a "la interrupción del curso lectivo con ocasión de la huelga que mantienen los sindicatos del sector educativo, dada su prolongación y la falta de acciones por parte de las autoridades para protegerlo y garantizarlo en forma efectiva".

La Defensoría también asegura que la huelga está afectando el derecho a la alimentación a causa de la suspensión del servicio de comedores escolares, lo que "perjudica a los niños y adolescentes, estudiantes de centros educativos públicos, que en muchos casos representa el único alimento del día".

El recurso de amparo pide a la Sala Constitucional que ordene la apertura de todos los centros educativos y los comedores, la reprogramación del curso lectivo, que se establezcan planes para remediar el atraso en la formación y la suspensión o reprogramación de los exámenes de bachillerato, obligatorios para concluir la secundaria.