•   Tegucigalpa, Honduras  |
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  • EFE

El Comisionado hondureño de Derechos Humanos, Roberto Herrera, instó hoy a su país, a Guatemala, El Salvador y Nicaragua a adoptar estrategias orientadas a defender a sus ciudadanos en el exterior y atender las causas estructurales de la migración.

"Honduras, junto con los Estados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua deben cumplir con el compromiso centroamericano de adoptar estrategias y posiciones conjuntas para la legítima defensa de los respectivos connacionales en el exterior", indicó Herrera en un comunicado enviado a Efe.

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Lo anterior, añadió, debe hacerse en aplicación del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, y como Estado miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).


Señaló que los Estados deben atender las causas estructurales de problemas sociales como la migración forzada de grupos de población, mediante la seguridad humana para el desarrollo sostenible de Centroamérica.

"El fenómeno migratorio masivo, en caravana o caminata hacia el norte de América, de alrededor de 7.0000 hondureños que integraron inicialmente el flujo de migrantes, se amplió durante la ruta de tránsito, al realizarse otras caminatas o caravanas y al incorporarse migrantes de otros países, conformándose en grupo centroamericano de migrantes forzados", subrayó.

El defensor del pueblo hondureño indicó que las personas que se ven obligadas a emigrar son "pobres y vulnerables" y viajan en "grupos numerosos para mayor seguridad de su vida e integridad, el mayor impacto en su derecho de petición de protección internacional o de trabajo y menores gastos en su movilización irregular".

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Las personas huyen de "la pobreza que afecta su nivel básico de vida digna y la inseguridad derivada de la violencia en especial de pandillas y crimen organizado que se ensaña sobre los más pobres y socialmente vulnerables", agregó.

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El masivo flujo migratorio "no se contrarrestará si no se atienden eficazmente las causas estructurales que lo alimentan y se asegure progresivamente condiciones básicas de vida digna, liberando a los habitantes del temor y de la miseria en los países de origen, dentro de sus comunidades municipales y comunidad nacional", enfatizó.

"La atención de esas causas es un deber principal de los Estados, sus instituciones, y de las organizaciones de la sociedad civil y, en especial, del sector privado empresarial, que debe ser consecuente con sus responsabilidades internacionales derivadas de las relaciones entre empresas y derechos humanos", dijo el ombudsman hondureño.


Además, los municipios y los diferentes actores deben desplegar todo "su potencial de auto-ayuda" para promover el bienestar de sus comunidades y organizarse, recibir y utilizar "eficazmente el apoyo subsidiario o complementario del Gobierno para consolidar modelos propios de seguridad humana hacia el desarrollo sostenible".

Los países de origen de los migrantes deben "proteger, respetar y atender humanitariamente a todas las personas en contexto de migración forzada, sin discriminación por razón de causas o país de destino, en especial a las personas migrantes más vulnerables", agregó.

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Destacó que para garantizar "la seguridad democrática" de los ciudadanos, es necesario "enmarcarse en el respeto de las leyes de los Estados y la plena aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y otros estándares internacionales, en particular interamericanos, en materia de protección de las personas migrantes".

También es un deber regional "avanzar fehacientemente hacia el desarrollo sostenible atendiendo las causas estructurales de pobreza, violencia y otras interrelacionadas".

Esa seguridad debe conducir hacia un "sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos. Este deber y responsabilidad se enfatiza también en el Tratado de Integración Social Centroamericana", se añade en el comunicado.