•   San José, Costa Rica  |
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  • ACAN-EFE

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que pretende decomisar con agilidad los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, ha causado un choque entre los poderes en Costa Rica, luego de que la iniciativa fuera debilitada por una comisión legislativa.

Esta ley se impulsa desde hace años en el país como una herramienta para combatir diversos tipos de criminalidad, especialmente el crimen organizado que ha venido tomando fuerza en varias de sus formas, entre ellas el narcotráfico.

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El proyecto original pretendía un ágil decomiso de bienes obtenidos en diversas actividades delictivas, pero los diputados de una comisión legislativa cambiaron el texto el pasado martes y excluyeron delitos como corrupción en la función pública, enriquecimiento ilícito y fraudes, entre otros.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Archivo/ END
Esto generó el rechazo de la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia.


La Fiscalía, el OIJ y el ICD, que serán las instituciones operadoras de la ley, emitieron un escrito en rechazo a las modificaciones hechas en la comisión legislativa y exigieron al Congreso corregir el proyecto antes de que sea aprobado en el Plenario.

"No se acepta que se omitan o excluyan los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, el contrabando y en general, todas aquellas conductas delictivas de las cuales derivan los patrimonios ilícitos", afirmó en una conferencia de prensa la fiscal general, Emilia Navas.


El director del OIJ, Walter Espinoza, manifestó que el texto dictaminado "delimita la aplicación de la ley" a básicamente narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos.

El texto dictaminado por la comisión legislativa también limita el tipo de bienes que pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio y además excluye formas modernas como los activos virtuales, entre estos las criptomonedas.

La Fiscalía, el OIJ y el ICD también señalaron que las modificaciones al texto atenta contra la simplificación del proceso de extinción de dominio al establecer procedimientos escritos y "audiencias abundantes e innecesarias".

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, criticó otro punto del texto dictaminado que permite utilizar los bienes confiscados para amortizar deuda pública.

"La distribución de los dineros declarados en extinción de dominio, otorgando un porcentaje al Ministerio de Hacienda para la amortización de la deuda, traería efectos negativos a nivel social y fundamentalmente atenta contra los principios de objetividad y separación de poderes del Estado", aseveró Araya.

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A las críticas se ha unido la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, quien considera que excluir delitos como la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el contrabando del proyecto para la extinción de dominio es "debilitar esta reforma legal".

"En el proyecto que se dictaminó en la comisión legislativa, se debilita la norma mediante la eliminación de ciertos delitos. El tema de la lucha contra la corrupción es una prioridad en las políticas del Poder Ejecutivo", expresó la ministra.

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El Plenario del Congreso tendrá la oportunidad en las próximas semanas de discutir el proyecto de ley y aplicar cambios si así lo consideran necesario.

"Hago un llamado para que en el debate de este proyecto en el Plenario se consideren estas preocupaciones y se permita que el resultado final represente un fortalecimiento real de la lucha contra el crimen organizado", expresó la ministra González.