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  • EFE

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica informó hoy allanó oficinas de instituciones públicas y una empresa por el caso de una "pifia" o irregularidad de 14 millones de dólares en el diseño de una carretera.

La "pifia" consiste en que el diseño y licitación aparentemente no contempló un tramo de 80 metros en la Ruta 257 que conecta la nueva Terminal de Contenedores de Moín (Caribe) con la carretera nacional Ruta 32, lo que obligó al Estado a desembolsar 14 millones de dólares para completar ese acceso al puerto.

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"La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto que se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública", explicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía aclaró que "las pruebas determinarán si se valida o se descarta dicha hipótesis", y que el delito que se investiga es el de Influencia contra la hacienda pública, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión.

Por el momento no hay personas imputadas ni detenidas. La FAPTA efectuó este martes allanamientos a oficinas de los estatales Consejo Nacional de Vialidad, Consejo Nacional de Concesiones, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, así como del Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas, encargado de la obra.

La licitación total de la Ruta 257 fue de 71,8 millones de dólares, pero el Gobierno tuvo que desembolsar 14 millones de dólares adicionales para diseñar y construir los 80 metros que faltaban. Las pruebas que las autoridades recolecten hoy serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial.