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  • EFE

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron hoy su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de la ambientalista Berta Cáceres en el juicio por su crimen, cometido en 2016, cuyo fallo se conocerá este jueves.

En un comunicado divulgado en Tegucigalpa por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), las dos instituciones expresaron además su preocupación por "las demoras injustificadas en el proceso de Berta Cáceres".

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La CIDH y la Oacnudh señalan que los abogados de la familia de Cáceres presentaron el 19 de octubre una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentaron ese mismo día a la audiencia convocada para iniciar el juicio a ocho acusados, que finalmente comenzó un día después.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Foto: Archivo/END

El recurso fue interpretado por el tribunal "como abandono del proceso" y dejó al Ministerio Público como representante de las víctimas, añaden. Además, ven que en todo el proceso judicial se ha producido "la demora en la tramitación de otros tres recursos de amparo que hasta la fecha continúan estando pendientes de resolución".

Estos recursos de amparo corresponden, además de la recusación del tribunal, la incorporación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que era coordinadora, la exclusión de la acusación privada por abandono de proceso y la incorporación de una de las víctimas como acusación privada, señalan.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando dormía en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

La Oacnudh y la CIDH resaltan que la exclusión en el juicio de la acusación privada "socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad".

Además, tiene "efectos concretos en la evacuación de los medios probatorios que habrían sido propuestos por la acusación privada y cuya finalidad probatoria no puede ser orientada por la misma".

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La Oacnudh y la CIDH señalan, al citar a la Relatoría sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que "la persecución penal solo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso" y esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad.

La CIDH expresó que es un derecho internacional y deber general de los Estados garantizar el cumplimiento de la obligación de investigar el caso ex officio. Foto: Archivo/END

Agregan que los recursos aún no resueltos constituyen "una garantía esencial para la protección de los derechos humanos, entre ellos el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo".

Ante ello, destacan que "el retardo en la resolución de dicha acción disminuye la efectividad de su función de protección, sobre todo ante hechos irreparables y el deber de debida diligencia que corresponde al Estado en relación a este tipo de enjuiciamientos".

Precisan que un aspecto importante de la imparcialidad del órgano de Justicia "es su carácter expeditivo" y por ello "las demoras que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial".

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"La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen", añaden.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando dormía en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. Archivo/END

La CIDH expresó que "es un derecho internacional y deber general de los Estados garantizar el cumplimiento de la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva para poder judicializar a los verdaderos responsables de vulneraciones a derechos humanos".

Advierten además que es "imperativo" que el sistema de Justicia pueda garantizar "el absoluto cumplimiento de las garantías del debido proceso y la protección judicial efectiva en este primer juicio por el asesinato de la defensora Berta Cáceres.

Para ello, la impartición de justicia "es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Justicia y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras en Honduras".