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  • EFE

La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC) acusó hoy 21 nacionales, incluidos cinco diputados y seis exdiputados, supuestamente por malversar más de 879.000 dólares del Estado.

El caso, denominado "Arca Abierta", fue investigado por la UFECIC y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dijo este martes en rueda de prensa el vocero de la Misión, Luiz Antonio Guimarães.

La UFECIC presentó ante la Corte Suprema de Justicia pruebas para demostrar que los acusados "malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta Verde", subrayó Guimarães.

Señaló que 81.665 dólares provenían de la Casa Presidencial; 122.498 dólares del Congreso Nacional y 657.411 dólares de la Secretaria de Finanzas.

"Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas", subrayó el vocero de la MACCIH.

La diputada Gladis Aurora López. Foto tomada de La Tribuna

Los diputados acusados son Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Wesly Milena Vásquez y Milton Jesús Puerto, todos del Partido Nacional (en el poder). Los exdiputados señalados son Carlos Humberto Bonilla, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto, y Óscar Arturo Álvarez (del Partido Nacional); Audelia Rodríguez (Libertad y Refundación), y Edwin Roberto Pavón (Unificación Democrática).

Este caso, añadió el vocero de la MACCIH, "evidencia una vez más, como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público".

Ante ello considera que es "indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública".

Según la investigación, en 2015 varios diputados propietarios y suplentes, incluidos los acusados, solicitaron el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que instruyera a la Secretaría de Finanzas para que asignará fondos para la financiación de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños.

Los proyectos serían ejecutados en al menos doce de los 18 departamentos del país a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde. Los fondos fueron ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde y luego "depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas", señala la MACCIH en un comunicado.

El diputado Juan Carlos Valenzuela. /Foto tomada de La Tribuna

"Al solicitar dichos fondos los diputados imputados se convirtieron en garantes de los mismos y, por lo tanto, su compromiso no se limitaba simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad para la cual ha sido solicitada", añadió.

Además, que no tuvieran "un destino distinto y menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares cercanos".

"La elección de la ONG Asociación Planeta Verde por parte de los diputados, no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la misma", precisó la MACCIH.

El dinero ingreso a Planeta Verde entre el 28 de agosto y el 9 de noviembre de 2015, mismo periodo en el que fue transferido a cuentas bancarias de los acusados, según la investigación.

Este caso demuestra "un saqueo de fondos del Estado que estaban destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados y ex diputados, lo que los hace responsables del delito por el cual se ha presentado requerimiento el día de hoy".