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  • EFE

La persecución judicial por aborto en casos de "emergencias obstétricas" y la violencia homicida contra las mujeres son dos de los aspectos que marcaron la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el 2018, señaló en una entrevista con Acan-Efe el exprocurador David Morales.

"Uno de los aspectos más lamentables es la criminalización de niñas y jóvenes, acusadas del delito de aborto por emergencias obstétricas, pero que han sido perseguidas por homicidios dolosos y están en riesgo de ser condenadas", sostuvo Morales al realizar un balance del año.

El activista, quien dirigió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entre 2013 y 2016, recordó que uno de estos casos es el de Imelda Cortez, quien se espera enfrente un juicio el próximo 17 de diciembre tras varios aplazamientos.

Cortez es una joven acusada de intento de homicidio, cometido supuestamente al tratar de abortar a una niña producto del abuso sexual de su padrastro.

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todos los supuestos, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.

Morales destacó algunos esfuerzos estatales por combatir la criminalidad homicida en El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, pero lamentó que "continúan altas las cifras de feminicidios".

Datos de la Policía salvadoreña, que investiga todos los asesinatos de mujeres como crímenes de odio, dan cuenta de que entre enero y el 9 de diciembre pasado se registraron 365 feminicidios, una baja de aproximadamente el 18,2 por ciento, respecto al mismo lapso de 2017.

El país cerrará 2018 con un índice de feminicidios superior al considerado como una epidemia a nivel internacional, dado que hasta el 9 de diciembre la tasa de estos crímenes por cada 100.000 habitantes fue de 10,45.

"A pesar de los avances positivos en la legislación, incluso en instituciones, para la protección de las mujeres, seguimos teniendo índices muy altos, los meses y años anteriores se han marcado por crímenes atroces contra mujeres", subrayó.

El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios de 16 y 12 por cada 100.000 mujeres, respectivamente.

El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Morales apuntó que "persisten en el 2018 los grandes problemas nacionales que provocan vulneraciones gravísimas de derechos fundamentales", principalmente la violencia y la impunidad.

Señaló que la política estatal contra el crimen hace prevalecer "los rasgos principales" de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura aplicados por anteriores administraciones.

"Las ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos años no han sido investigadas, con lo cual han gozado de la tolerancia de las altas autoridades de seguridad pública, al menos en la mayoría de los casos o en los más graves", explicó el defensor de derechos.

Reconoció que el plan El Salvador Seguro, lanzado por el actual Gobierno, "está apuntando a un ensayo de política criminal más integral con algún enfoque de derechos", pero tiene un rol "secundario" por la poca financiación y "no parece ser la prioridad principal de la política criminal".

El exprocurador añadió que la situación de violencia "está teniendo un impacto sobre el fenómeno de la migración forzada", situación que se manifestó con la salida de más de 2.700 salvadoreños en caravanas.

"Hemos tenido recientemente las manifestaciones de las caravanas de migrantes, que son evidencia de la situación de afectación a derechos a la que gran parte de la población se ve sometida en las comunidades más pobres", apuntó.

Señaló que entre las "conquistas" más importantes de las organizaciones de derechos humanos en 2018 se encuentran las conmutaciones de penas de al menos 3 mujeres condenadas por aborto y una sentencia del Supremo que "ordenó el reconocimiento del desplazamiento forzado".