• San Salvador, El Salvador |
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  • EFE

Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron este viernes al menos a 8 personas vinculadas a desplazamientos forzados, homicidio y otros delitos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La fuente estatal precisó que estos detenidos forman parte de un grupo de 25 personas que ordenó detener en el departamento de Ahuachapán (oeste) y entre las que se encuentran miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

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El Ministerio Público explicó que los pandilleros son acusados de generar desplazamientos forzados, homicidio, violación sexual de menores de edad, extorsión y robo.

Estas detenciones se suman a las más de 360 registradas desde el fin de semana pasado. Archivo/END

La FGR añadió que entre las personas que ordenó detener se encuentran también dos abogados "acusados de estafa, apropiación o retención indebida y simulación de influencia".

Para la detención de las ocho personas se realizaron "registros con prevención de allanamiento" en los municipios de Atiquizaya, Guaymango, Tacuba y San Lorenzo, del referido departamento, según la institución.

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Estas detenciones se suman a las más de 360 registradas desde el fin de semana pasado a raíz del incremento de los operativos de la Policía Nacional Civil (PNC) por un alza de los homicidios y de ataques contra miembros de los cuerpos de seguridad.

Según el director de la PNC, Howard Cotto, la pandilla MS13 encabezó una "acción deliberada" de subir la cifra de asesinatos con las muertes de miembros y colaboradores disidentes o de bandas contrarias, situación que se logró "neutralizar".

Estos hechos llevaron al Gobierno a suspender las licencias a los policías para incrementar los operativos en las comunidades con presencia de pandillas.

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El Gobierno responsabiliza a las "maras" de los altos índices de homicidios, de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación centroamericana como uno de los países más violentos del mundo.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.