• San José, Costa Rica |
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  • EFE

Una investigación por narcotráfico contra un hijo suyo influyó en el despido de Giselle Amador como ministra de Salud de Costa Rica el 26 de noviembre pasado, aseguró este jueves el Gobierno.

La Policía de Control de Drogas (PCD) arrestó este jueves una organización dedicada al cultivo de marihuana en ambiente controlado y a la venta de productos a base de esa droga, la cual estaba liderada por un hombre de apellidos Cortés Amador, hijo de la exministra de Salud.

Tras conocerse este caso, la Casa Presidencial informó a los medios que esto fue "una de las consideraciones que tomó en cuenta el mandatario (Carlos Alvarado) en relación con la salida de Amador".

El Gobierno aseguró que por tratarse de una investigación judicial en curso desde hace meses atrás, nunca compartió la información del caso y que por el mismo motivo no se referirá más al tema.

El despido de Amador había generado una polémica en torno a las razones del mismo, pues la exfuncionaria dijo a medios locales que cree que la presión de la industria tabacalera por suavizar las políticas antitabaco influyó en el presidente Alvarado.

El día que anunció la salida de Amador, el Gobierno indicó en un comunicado que fue debido a "motivos de salud".

La exfuncionaria afirmó que el presidente pidió su renuncia y reconoció que le dijo al mandatario que estaba "estresada" por diversas razones, incluidas la presión de la industria tabacalera.

El pasado 29 de noviembre el presidente Alvarado declaró que su Gobierno tiene un compromiso con la lucha contra el tabaco y negó que haya cedido a presiones de empresas tabacaleras.

En redes sociales circularon versiones anónimas, reproducidas por diputados de oposición como José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio, que señalaban que la funcionaria había sido removida del cargo porque firmó una directriz que generó disgusto en las compañías tabacaleras.

Esa directriz prohíbe la exposición de los cigarrillos en puntos de venta y es acorde con la "Ley para el Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud", vigente en el país desde el 2012.

La ley antitabaco de Costa Rica establece un impuesto a los cigarrillos para contribuir a cubrir los gastos en el sistema de salud, obliga a colocar información preventiva en las cajetillas y prohíbe la publicidad y el fumado en sitios públicos, entre otras disposiciones.

El impuesto le genera al Estado cerca de 60 millones de dólares anuales que son destinados a los servicios de salud y a campañas de prevención del fumado Datos oficiales indican que el sistema público de salud de Costa Rica gasta anualmente unos 230 millones de dólares en la atención de males asociados al tabaquismo.

Es este país de 5 millones de habitantes, hay unos 434.000 fumadores, y cada año mueren unas 8.300 personas por causas asociadas al tabaquismo.