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  • EFE

El caso de financiación electoral en la campaña a la Presidencia de Guatemala de 2015 que implica a la exprimera dama y otra vez candidata Sandra Torres, involucra a diputados, alcaldes y empresarios que supuestamente facilitaron la entrega ilegal al partido de unos 2,53 millones de dólares.

A continuación, los principales puntos de esta investigación, que empezó en enero de 2018 a raíz de la causa conocida como Traficantes de Influencias y que muestra una realidad habitual en las campañas políticas en Guatemala, según fuentes de cercanas consultadas por Acan-Efe: "movimientos por encima de mesa que ocultan movimientos por debajo".

1. En enero de 2018, a raíz del caso Traficantes de Influencias -una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de sobornos-, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) detectó "puntas" de este "iceberg" que involucra a la formación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

2. Había movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S. A., implicada en esa trama, hacia la entidad MAARIV S.A, una de las tres compañías que actuaron como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura y "administración paralela" de las "finanzas oficiales" para eludir "el control sobre los fondos" aportados.

3. La formación política que postula a Torres y al excanciller Carlos Raúl Morales para las elecciones del próximo 16 de junio utilizó a dos empresas de cartón -MARRIV S.A. y PROHABSA- y a la compañía Grupo Empresarial San Felipe S.A. para hacer llegar la aportación del dinero.

4. El total no reportado al Tribunal Supremo Electoral durante la campaña de 2015 fue de 19,5 millones de quetzales (unos 2,53 millones de dólares), de los que 453.000 dólares supuestamente provienen de sobornos del caso "Traficantes de Influencias" y el resto son financiación electoral anónima.

5. Para retirar el dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vipresidencial Mario Leal Castillo, prófugo de la justicia, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques y entregarles el efectivo.

6. La empresa Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, propiedad del actual diputado de la UNE Julio Cesar Ixcamey, también canalizó fondos y aportes, y entre los documentados hay una autorización por escrito del congresista para que Leal pudiera retirar en efectivo 155.440 dólares para pagar "planilla" o salarios.

La exprimera dama y otra vez candidata Sandra Torres./Foto de Archivo AFP

7. Sandra Torres, quien intenta competir por segunda vez por la Presidencia de Guatemala, conocía esta situación y según un testigo de la investigación se reunió con un financista para la segunda vuelta de 2015 y le ordenó poner como benefactor en un cheque a una persona particular, que lo utilizó para hacer parte de la publicidad electoral contratada por el partido.

8. Pruebas: Las autoridades aseguran que cuentan con más de 60 pruebas testimoniales, escuchas telefónicas, transacciones bancarias o diversos documentos que acreditan, supuestamente, estos movimientos ilícitos.

9. Diligencias realizadas:

- Siete solicitudes de desafuero presentadas: contra Torres por asociación ilícita y financiación electoral no registrada, contra los diputados Karina Aledra Paz, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixamey y Jorge Estuardo Vargas, y contra los alcaldes Pedro Raymundo Cobo y Ángel Ren Guarcas.

- Doce órdenes de captura: el excandidato a la Vicepresidencia y empresario Mario Leal Castillo y sus familiares Mario Roberto Leal y Rodrigo Leal Castillo, así como Luis Fernando Pérez Vargas, Carlos Enrique López Girón, Julio César López Villatoro, Guillermo Alejandro Sierra, Susana Patricia Castellanos, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Adolfo Alejos, Víctor de Jesús Duarte, Maynor Feizal Zimeri y Juan Pablo García. - Siete citaciones a primera declaración.