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  • EFE

Las pandillas instauraron en El Salvador, según analistas, un Estado paralelo a fuerza de plomo y sangre, y son una de la principales amenazas para el proyecto de país del presidente electo, Nayib Bukele, quien dio pocas luces sobre su estrategia para combatir directamente a esta lacra en su plan de Gobierno.

Las filas de las pandillas están formadas por más de 60.000 miembros, distribuidos en células en todos los municipios del país, donde controlan distintas zonas, frente a los más de 23.300 agentes y 10.400 soldados dedicados a la seguridad ciudadana.

Estás estructuras, que sobrevivieron a los planes de seguridad de las últimas cuatro administraciones, avanzaron en su organización y acciones en los últimos años e incluso obligaron a los políticos a sentarse a negociar.

El Gobierno atribuye a estas bandas tasas de asesinatos de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo. (Imagen referencial)

El Gobierno atribuye a estas bandas tasas de asesinatos de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo. Ante este panorama, Bukele asumirá el próximo 1 de junio la Presidencia, sin que en la estrategia de seguridad que propuso a la población durante la campaña esté clara la manera en la que enfrentará a estas bandas.

La oferta de gobierno de Bukele, denominado Plan Cuscatlán y que fue lanzado a mediados de enero, apenas hace mención a las pandillas, pues el documento de 75 páginas dice dos veces "maras" y tres veces "pandillas", la mayoría en párrafos dedicados a describir el contexto de violencia en el país.

El futuro gobernante prometió a los ciudadanos que al cierre del 2019 reduciría los homicidios en un 29 % y que al finalizar el 2021 la baja sería del 62 %, respecto al 2018. Bukele propuso centrar sus esfuerzos en las áreas de "prevención, combate al crimen y reinserción a la vida productiva".

En el punto de combate al crimen, el documento enfatiza en "gestionar" políticas regionales contra el crimen organizado, fortalecer la investigación del delito y utilizar "indicadores de alto riesgo".

Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador. Archivo/END

El documento resume la estrategia de seguridad en la realización de "una intervención directamente en las comunidades" con "oportunidades" para niños y jóvenes, para darles la opción de "un proyecto de vida que sea cualitativamente superior al que ofrecen las pandillas".

Por otra parte, habla de "fortalecer la presencia territorial del Estado utilizando nuevas tecnologías para incrementar la vigilancia" y tomar decisiones basadas en la "gran data" que se obtenga de las instituciones involucradas.

Sin embargo, no aclara si Bukele continuará con el esquema de enfrentamiento directo o de "guerra" que aplica el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén contra las pandillas u optará por otra vía.

Tampoco aborda problemas surgidos de esta estrategia, según diversos sectores, como las ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado generado por el acoso de los cuerpos de seguridad y la tortura.

El Plan Cuscatlán no plantea en ninguno de sus puntos el fortalecimiento de los aparatos de control interno de la Policía y del Ejército para evitar dichas situaciones, medida propuesta durante años por activistas de derechos humanos.

El Gobierno atribuye a estas bandas tasas de asesinatos de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo. (Imagen referencial)

Por otra parte, Bukele critica las estrategias de las cuatro últimas administraciones, incluida la tregua entre las pandillas impulsada por Mauricio Funes (2009-2014), en cuya vigencia se registraron los índices de homicidios más bajos de los últimos años.

La posibilidad de dialogar con las pandillas, como en la Administración de Funes, la dejó abierta en septiembre pasado el ahora vicepresidente electo Félix Ulloa. Cuando aún era candidato a la vicepresidencia, Ulloa dijo a Acan-Efe que su partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), había consultado este punto a sus seguidores y que la decisión dependía del rechazo o aceptación que tuviera, sin que hasta la fecha se haya revelado el resultado de la consulta.

Otro punto pendiente de aclarar es si Bukele respaldará o no las medidas propuestas en el pasado por GANA, como la pena de muerte y la organización de comunidades en esquemas similares al paramilitarismo para combatir a las pandillas.