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  • EFE

La justicia de Honduras fijó para el 13 de marzo la primera audiencia a los 16 nuevos acusados por irregularidades en el proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca, en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.

Los 16 acusados deberán comparecer ante los Juzgados en Materia de Corrupción, dijo este martes a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Melvin Duarte.

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El lunes, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) acusó a las 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El caso fue denominado "Fraude sobre el Gualcarque" y los acusados enfrentan cargo por los delitos de "fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado".

La investigación, en una primera fase, ha estado a cargo de la Ufecic, que depende del Ministerio Público, en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Entre los 16 acusados figuran el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Según la Maccih, el caso es "paradigmático" y surgió como consecuencia de las "más de 40 denuncias" presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad indígena lenca.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Archivo/END

La Ufecic presentó ante la Corte Suprema de Justicia "evidencia de que los 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la Administración Pública" para que la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) fuera "beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque".

La misma empresa se beneficiaría del contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como Agua Zarca, el que según Berta Cáceres le estaba causando daños al medioambiente.

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Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, oeste, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.

La investigación ha sido una "tarea de hormiga" de los expertos de la Ufecic y la Maccih, según la denuncia, que además recuerda que la DESA fue creada el 20 de mayo de 2009 por los hermanos Roberto Antonio y Geovanny Isidro Abate Ponce, con un capital de 25.000 lempiras (unos 1.016 dólares).

La empresa DESA, a la que el Copinh acusa de tener responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres, ha reiterado que sus ejecutivos no tienen nada que ver en ese crimen.

"Durante los tres años transcurridos desde el trágico asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ha habido partes inocentes que han sufrido una implacable campaña de acusaciones falsas. En algunos casos, encarcelamiento ilegal", indicó el pasado día 2 en un comunicado Robert Amsterdam, abogado internacional que representa a la empresa DESA.

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Señaló además que el tercer aniversario de la muerte violenta de Cáceres "marca un importante recordatorio de que hasta la fecha no se han presentado elementos únicos de evidencia que muestren alguna participación en el crimen por parte de los ejecutivos o propietarios de DESA".

"Es comprensible que los compañeros de Cáceres busquen respuestas y responsabilidades, pero el emprender una campaña de presión basada únicamente en teorías de conspiración y sin hechos, significa usar la causa de Berta Cáceres para cometer una grave injusticia", añadió.