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El Gobierno de Costa Rica presentó este lunes al Congreso un proyecto de ley que busca ordenar los salarios públicos y eliminar distorsiones salariales entre instituciones estatales, con el fin de reducir gastos.

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, presentó el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual establece un "salario global" para cada puesto de trabajo bajo un régimen general de empleo, que a la vez contempla 8 subregímenes de acuerdo con las particularidades de instituciones como el Ministerio de Educación, el Poder Judicial o la policía.

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En la actualidad hay 14 subregímenes salariales y grandes diferencias en el pago que reciben las personas con el mismo cargo dependiendo de la institución para la que trabajen.

"La Constitución Política nos dio hace 70 años el mandato de ordenar la casa en materia de empleo público. Estamos a las puertas del bicentenario (de independencia) y es un momento oportuno para plantearnos, cuál es el Estado que queremos, qué debemos proteger y qué debemos transformar", declaró Garrido.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Foto: EFE/END

El proyecto de ley también establece incentivos salariales, pero que se darán de acuerdo al rendimiento y las calificaciones que se le otorguen al trabajador, y no de manera automática como ocurre en la actualidad.

La mayoría de los cambios en esta iniciativa se aplicarán a los nuevos contratos, por lo que no afectará a los empleados actuales, pues los incentivos que gozan pueden ser considerados derechos adquiridos.

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La iniciativa de ley propone que el reclutamiento y la selección del personal se hará mediante "procesos rigurosos, abiertos, democráticos y transparentes" y que serán "las competencias y la base para determinar la idoneidad".

Una ley de empleo público que reduzca el gasto estatal es una de las exigencias de sectores políticos y la empresa privada al Gobierno, tras aprobada en diciembre pasado una reforma tributaria que busca paliar el creciente déficit fiscal que en 2018 cerró en un 6 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Foto: EFE/END

La reforma tributaria se irá implementando paulatinamente a partir de 2019 y según el Banco Central reduciría el déficit en 3,7 puntos del PIB al año 2022, con un impacto mayor en los años siguientes.

Con la reforma la deuda alcanzaría su punto máximo hacia el año 2023 en alrededor del 65 por ciento del PIB para comenzar a decrecer a partir del 2024, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central.

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La reforma tributaria tiene como iniciativa estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, que gravará más productos y servicios.

De manera diferenciada el IVA grava con un 1 por ciento los productos de la canasta básica, con un 2 por ciento los medicamentos y con 4 por ciento los servicios de salud privada.