•   San Salvador, El Salvador  |
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  • EFE

Un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) fue asesinado este jueves por "sujetos" desconocidos en el este de El Salvador, con lo que la cifra de agentes ultimados en lo que va 2019 asciende a 12.

La víctima fue identificada como Herbert Manfredo Soto Flores, cuya edad no fue proporcionada, quien fue atacado con arma de fuego en un hecho perpetrado en el municipio El Tránsito (este), informó un portavoz de la PNC.

El agente, quien estaba destacado en la delegación del municipio de Usulután (oeste), fue "atacado por sujetos desconocidos que abordo de una motocicleta le dispararon".

La fuente agregó que en el lugar se ha desplegado un dispositivo para dar con los responsables. Pero por el momento no se reportan capturas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en su cuenta de Twitter de que un fiscal se desplaza a la zona para procesar la escena.

Con este crimen suman 12 los agentes de la PNC asesinados en lo que va del 2019, a los que se suman los homicidios de 5 miembros de la Fuerza Armada y 2 empleados administrativos de la corporación policial.

Durante 2018 fueron asesinados 32 policías, más 2 empleados administrativos del cuerpo de seguridad, 17 militares, 3 custodios de Centros Penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas que buscan, según las autoridades de seguridad, presionar al Gobierno con estos ataques para obtener beneficios carcelarios para sus líderes.

Según el ministro de la Defensa, David Munguía, el país vive un conflicto armado de "baja intensidad" por los constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las estructuras criminales.

El Gobierno responsabilizan a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.