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  • ACAN-EFE

Una diputada del principal partido opositor de El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles al Congreso bloquear un recurso legal que permite penas leves a cambio de confesiones a los delitos relacionados con la corrupción.

La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato. El expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) utilizó este recurso en septiembre pasado para recibir una pena de 10 años de prisión y evitar una condena de hasta 25 años.

La propuesta de reforma legal fue presenta por la diputada Marcela Villatoro, quien señaló en un escrito a la Junta Directiva del Congreso que el uso del referido recurso legal por funcionarios ligados a la corrupción ha generado en la población "indignación y pérdida de confianza".

"No podemos permitir que esta forma de justicia negociada, consensuada o convenida aplique para los delitos relacionados a la corrupción", señaló Villatoro. Destacó que los procesos "abreviados" deben servir para obtener "pronta y cumplida justicia en delitos leves o de menor relevancia jurídica".

El órgano Judicial dio a conocer el pasado 26 de marzo que Saca también busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía para confesar el delito de cohecho, cometido al supuestamente tratar de sobornar a una empleada de una corte civil, a cambio de una pena leve. Su esposa, la ex primera dama Ana Ligia de Saca, buscó un "juicio abreviado" en un proceso que enfrenta por el lavado de unos 22 millones de dólares provenientes de los 300 millones que su esposo malversó.

Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador acusado de corrupción. / Archivo

El mismo trato solicitaron otros seis imputados en la misma causa, entre los que se encuentran publicistas y exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua, y el difunto Francisco Flores (1999-2004) suman más de 666 millones de dólares cuestionados.