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La máxima corte de justicia de Guatemala suspendió temporalmente este viernes las operaciones de la mina de níquel CGN, filial de la firma rusa Solwey Investment Group, tras acoger el reclamo de comunidades que alegan no haber sido consultadas por el gobierno para autorizar el proyecto.

La Corte de Constitucionalidad (CC) señaló en un comunicado que otorgó un amparo provisional a favor del poblado indígena de El Estor, donde opera la mina sobre el Caribe, así como de otros municipios colindantes.

"En consecuencia se deja en suspenso temporal (...) la licencia del derecho de explotación minera denominada Fénix de la entidad Compañía General de Minería (CGN)", precisó la CC.

La cancelación temporal de las operaciones mineras estará vigente hasta que se tome una decisión definitiva, agregó el tribunal constitucional.

La licencia de explotación de níquel por 25 años fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas en abril de 2016, y también incluye la extracción de cobalto, hierro, cromo y magnesio.

La presencia de la firma rusa en la zona se remonta a 2011, cuando adquirió los derechos de los proyectos mineros Fénix y Montúfar a la Compañía Guatemalteca de Níquel.

El complejo industrial, construido a finales de la década de 1970 para operar durante tres años y abandonado en 1982, fue reinaugurado en mayo de 2014 tras ser rehabilitado y reconstruido.

En agosto de 2016, una explosión en la zona de calderas de la mina dejó cinco personas muertas y cuatro heridos.

Al año siguiente, en mayo de 2017, una protesta que luego se tornó violenta dejó un civil muerto, cuatro policías heridos de bala y viviendas destruidas.

De acuerdo con el medio digital Prensa Comunitaria, la persona muerta fue identificada como Carlos Maaz, quien participaba en la manifestación junto a un grupo de pescadores después de denunciar contaminación en el vecino lago de Izabal a causa de la mina.

La actividad minera en Guatemala se realiza bajo la protesta de ambientalistas, campesinos e indígenas, que se oponen a la explotación de minerales y a la construcción de megaproyectos por considerarlos una amenaza para los recursos naturales.