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Víctimas de la guerra civil en Guatemala (1960-1996) exigieron este miércoles a los candidatos al balotaje presidencial del 11 de agosto retomar los acuerdos firmados al finalizar el conflicto para atacar la pobreza y la corrupción, detonantes de la migración ilegal a Estados Unidos.

La exigencia fue planteada al médico derechista Alejandro Giammattei y a la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres por más de 40 organizaciones de familiares y comunidades, dijo a periodistas Juan Pérez, dirigente de la Red Nacional de Víctimas.

"Cualquiera de los dos (candidatos) que quede es obligación de ellos atender esos problemas nacionales que han sido causa de la guerra que vivimos por 36 años y que hasta la fecha están olvidados", dijo Pérez en conferencia de prensa.

Señaló que el próximo gobierno debe "retomar" las recomendaciones de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra, y promover el desarrollo de las áreas rurales e indígenas, fuertemente golpeadas durante la guerra civil.

Según cifras oficiales, el 59% de los 17,7 millones de habitantes de Guatemala viven en pobreza, pero ese indicador se dispara al 80% en comunidades indígenas, que son el 42% de la población. Archivo/END

"Queremos que el gobierno que entre establezca políticas y mecanismos legales e institucionales para el combate a la pobreza, desigualdad y la exclusión, para que nuestros hermanos no se vayan a Estados Unidos y todo lo que eso significa", agregó.

Según cifras oficiales, el 59% de los 17,7 millones de habitantes de Guatemala viven en pobreza, pero ese indicador se dispara al 80% en comunidades indígenas, que son el 42% de la población.

El activista Domingo Álvarez aseguró, de su lado, que en los dos últimos gobiernos han notado "retrocesos" en reparación a las víctimas de la guerra, así como en acceso a la justicia transicional y una negación de las atrocidades de la guerra, por lo que espera que la próxima administración cambie esa postura.

La guerra civil guatemalteca dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según concluyó en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. La mayoría de crímenes fueron atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado.

Guatemala selló la semana pasada un polémico acuerdo con Washington que obligaría al país centroamericano a recibir migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Esto, pese al propio éxodo de sus ciudadanos hacia el norte: según la embajada estadounidense en Guatemala, más de 250.000 guatemaltecos fueron detenidos entre octubre de 2018 y julio de este año por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos.