• San José, Costa Rica |
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  • AFP

Sindicatos del sector de la salud pública de Costa Rica acordaron este lunes levantar la huelga que mantienen desde hace una semana tras alcanzar un acuerdocon el gobierno para llevar sus reclamos al arbitraje de un juez.

La huelga provocó graves trastornos en los hospitales públicos administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), donde miles de pacientes se quedaron sin atención desde el inicio del paro, el lunes de la semana pasada.

"Hoy podemos anunciar, después de muchos días complejos, largcos, de negociación: hemos llegado a un acuerdo que devuelve la paz a la institución y la atención a los pacientes", dijo el presidente de la CCSS, Ramón Macaya, acompañado de otros miembros del gobierno y dirigentes sindicales.

Adelantó que a partir del martes los hospitales y clínicas estatales volverán a operar con normalidad.

El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, aclaró que el acuerdo de 15 puntos con los sindicatos no implica aumentos salariales o nuevos beneficios para el sector.

"Se ha reconocido que hay una diferencia entre las partes, y se buscó una salida institucional que es remitir a un juez de la república esas diferencias", indicó Morales.

Los sindicatos iniciaron la huelga el 5 de agosto tras acusar al gobierno de querer reducir los aumentos de salarios como parte de un plan de reducción del gasto público.

Marta Rodríguez, de la Unión de Empleados de la Caja, aseguró tras el acuerdo que "los intereses de los trabajadores prevalecieron" y que el gobierno aceptó mantener el método actual de aumentos salariales.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Archivo/END

Datos de la CCSS indican que la huelga provocó la cancelación de 1.399 cirugías, la mitad de las que estaban programadas, mientras que 64% de las citas con especialistas fueron suspendidas.

El gobierno había emitido dos decretos para adecuar los salarios de la CCSS a las reglas de una reforma fiscal aprobada el año pasado para contener el gasto público y reducir el déficit fiscal, que alcanzó 6% del PIB el año pasado.

Bajo el acuerdo con los sindicatos, el gobierno modificará los decretos para mantener el actual sistema de cálculo de aumentos salariales.