• San Salvador, El Salvador |
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  • EFE

El Salvador se sumió este lunes en un debate sobre la pertinencia de una comisión internacional para combatir la impunidad y corrupción, cuya pronta instalación anunció el gobierno de Nayib Bukele, y que genera resistencia en el sector empresarial.

El vicepresidente Félix Ulloa anunció el domingo la inminente instalación, sin mencionar fecha, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), similar a la que la ONU instaló en Guatemala para investigar actos de corrupción (Cicig).

Ulloa aseguró que el gobierno, que asumió el 1 de junio, ha trabajado por el "modelo ideal para atacar frontalmente la corrupción".

Sin embargo, este lunes la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) abogó por la creación de una comisión local que pueda contar con apoyo externo, en lugar de un ente internacional.

La gremial empresarial sugirió tomar en consideración las experiencias de Guatemala y Honduras sobre "la eficiencia, costo social, político y democrático" de ceder a una institución internacional las labores y acciones que corresponden a la Contraloría y la Fiscalía y a un Poder judicial "fortalecido" para perseguir la corrupción.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador / Archivo Recordó asimismo que en 2012 propuso fortalecer el funcionamiento e "independencia" de la Corte de Cuentas (Contraloría) y la Fiscalía para mejorar la "transparencia" del manejo de la hacienda pública y la persecución del delito.

En los últimos años, la Fiscalía salvadoreña procesó al extinto expresidente Francisco Flores (1999-2004) por el desvió de 10 millones de dólares donados por Taiwán, y en septiembre pasado logró la condena del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) a 10 años de prisión por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos.

El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes / Archivo Saca cumple su condena en el centro penal La Esperanza, en la periferia norte de San Salvador.

El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), acusado de varios delitos de corrupción, incluido el supuesto desvío de 351 millones de dólares durante su mandato, huyó a Nicaragua en 2016 y recientemente obtuvo la nacionalidad nicaragüense, lo que impide su extradición a El Salvador.