• Ciudad de Guatemala, Guatemala |
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  • AFP

El Congreso guatemalteco conformó este martes una comisión para investigar presuntas ilegalidades cometidas por una misión antimafias de la ONU, que fue clave en la lucha contra la corrupción y que terminó sus funciones el pasado 3 de septiembre.

La medida fue propuesta y aprobada por diputados del partido del presidente Jimmy Morales y aliados en el Congreso, quienes consideran que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) cometió ilícitos durante sus 12 años de funcionamiento en el país.

La comisión estará integrada por cinco diputados y podrá interponer denuncias ante la fiscalía contra exfuncionarios de la extinta Cicig con la posibilidad de peticiones de extradición, señaló durante la sesión parlamentaria el diputado Juan Giordano, del partido oficial FCN-Nación, uno de los impulsores de la iniciativa.

El pasado 3 de septiembre, la misión de la ONU llegó a su fin luego de que el presidente Morales se negó a renovar el mandato del ente que funcionaba desde 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal.

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de la Cicig y había prometido ampliar el mandato hasta 2021, adujo en agosto del año pasado que la misión estaba cometiendo ilegalidades y prohibió el regreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, quien dirigía la Cicig.

Los desacuerdos del gobernante con la Cicig habían llegado un año antes, después que Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana pidieron investigar al mandatario por sospechas de finanzas ilegales en su campaña de 2015.

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala. EFE/END.

La fiscalía y la Cicig presentaron casos de corrupción que involucraron a políticos, empresarios y otros sectores que eran considerados intocables, pero el principal escándalo fue la revelación en 2015 de una estafa en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla del fraude.

Giordano explicó que la comisión investigadora rendirá un informe el próximo 10 de enero y también podrá denunciar a funcionarios de instituciones guatemaltecas hayan cometido posibles "acciones ilegales (...) bajo instrucciones" de la Cicig.

El grupo parlamentario además pedirá información a la comunidad internacional que financió a la Cicig y estará abierta a atender a "víctimas de acciones ilegales o arbitrarias".

Morales y los detractores de la misión han repetido que el ente violó principios de presunción de inocencia y fue selectiva en sus investigaciones, entre otros señalamientos.