•  |
  •  |

La población sigue percibiendo que la retardación de justicia es el principal problema del Poder Judicial, seguido de la dependencia partidaria y de la corrupción, esto según el observatorio nacional de derechos humanos, en su informe Acceso a la Justicia 2010, que en esta semana presentará la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Datos preliminares sobre el estudio que encuestó a 763 personas en los juzgados y en las unidades policiales, señalan que en comparación con 2009, la percepción de la población sobre la retardación de justicia se incrementó levemente en un 0.7%, pasando del 38.6 al 39.1, y fueron Juigalpa, Acoyapa y Jinotega las localidades donde más dificultades hay.

Si bien el segundo problema es la dependencia del Poder Judicial con respecto a los partidos políticos, lo que representa el sentir a nivel nacional de 20.5% de los encuestados, la corrupción sostuvo un incremento alarmante pasando del 9.6% en 2009 al 16.5% en 2010, esto, según la opinión de la ciudadanía.

Denis Darce, Director de Proyectos de CPDH, dijo que el año pasado implicó una serie de anomalías en el Poder Judicial, alegando y reafirmando hasta internacionalmente la inconstitucionalidad de la prohibición de la reelección del presidente Daniel Ortega,  arrojándose una función de la anulación de leyes constitucionales que corresponde a la Asamblea Nacional. A esto se agrega el sostenimiento de tres magistrados con cargos vencidos, situación propiciada por un Poder Legislativo con intereses muy particulares.

Indicó que esto forma parte de las violaciones a la Constitución de la República y a la destrucción del Estado de Derecho, sin embargo, estos no son todos los elementos que bloquean el acceso a la justicia en el país.

“Desde la perspectiva de los funcionarios que están en los territorios, también hay una serie de problemas que ellos plantean, entre estos la falta de recursos financieros, de recursos humanos, y la falta de medios de transporte. Un ejemplo es que los fiscales no llegan a todos los municipios, y si tienen presencia esto es cada cierto tiempo, implicando que el proceso de investigación no tiene la orientación técnica debida, afectando la construcción de una acusación objetiva y de calidad”, alega Darce.

Agregó que, igualmente, la Policía Nacional tampoco tiene la capacidad para movilizarse de un municipio a todas las comunidades para atender las demandas de la ciudadanía en protección y seguridad, algo que se observa remarcado en los casos de violencia intrafamiliar y sexual.

El informe sobre Acceso a la Justicia 2010, también presenta los niveles de confianza de la población en las autoridades judiciales y en las policiales.