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La presidenta Ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez, señaló al presidente Daniel Ortega de tapar lo ocurrido en la Dirección General de  Ingresos, DGI, bajo el mando del corrido Walter Porras Amador, quien salió del país “gracias a que la Presidencia ordenó que lo dejaran irse”.

Núñez también criticó a la Policía Nacional por el actuar irregular que ha mostrado en este caso, desinformando a los medios, y, por ende, a la población; a la Fiscalía, por sustraerse del asunto; a la Procuraduría General de la República, por “no decir esta boca es mía”, y a la Contraloría por no pronunciarse con prontitud como, según ella, se debería, sobre el manejo de los recursos en la DGI.

La titular del Cenidh, incluso, llamó a la población a exigir una explicación honesta de lo que ocurrió, pues se trata de un escándalo en la institución que recauda los impuestos que pagan todos los nicaragüenses.

“Con esta salida de Porras al exterior, queda en evidencia que Daniel Ortega está usando a determinados funcionarios para obtener recursos del Estado, y considero que aquí hay una responsabilidad al más alto nivel”, dijo Núñez.

“La Dirección de Migración del Aeropuerto o de cualquier puesto fronterizo no hubiera dejado salir a Porras del país, si no contaba con la autorización expresa de la Presidencia de la República”, afirmó.
 

El manoseo a la Policía y asoma impunidad
“Desde un inicio se vio que la investigación de este asalto a los dineros del pueblo se iba a convertir en un secreto de Estado, y, definitivamente, que es un nuevo caso que va hacia la impunidad”, empezó diciendo Núñez.

Destacó que todo lo derivado del escándalo Porras está relacionado con el trabajo periodístico de EL NUEVO DIARIO, que descubrió anomalías y abusos con el manejo de los recursos de la DGI.

“Definitivamente, que si ustedes no dan la campanada ni el mismo Daniel Ortega se da cuenta de lo que estaba pasando, porque como decimos en buen nicaragüense, ‘se le estaban yendo arriba’, pero todo partió de los que ustedes publicaron”, dijo.
Y fue ese comentario el que le sirvió para criticar la posición de la Policía Nacional, cuyo nuevo vocero ha hecho todo para negar la investigación primero, declararse desinformado luego, y decir a medias algunas de las cosas que han ocurrido desde que Porras fue destituido el 11 de abril pasado.

Núñez dijo que la investigación debió haberse iniciado en la sección de Asuntos Económicos de la Policía, la cual tuvo que poner en autos inmediatamente a la Fiscalía, y esta debió involucrarse directamente, reclamar su participación “porque es muy cómodo decir yo no sé nada y ponerse como espectador”.

 

Ortega sabía todo
Para la presidenta del Cenidh, lo que sí es sorprende es lo relacionado con el paradero de Porras, pues, a su juicio, es notable que todas las investigaciones que se dice que se están haciendo, tienen por objeto ocultar la realidad de los hechos y no encontrar a los responsables, pues hasta se han inventado allanamientos por drogas y no por el caso DGI.

“Que  no me diga Daniel Ortega que no estaba al tanto de todo esto, cuando fue Lenín Cerna quien --suplantando las funciones de la Policía-- lo llega a sacar de la DGI, y lo hicieron porque tuvieron miedo de que Porras se desesperara y hablara”, dijo.

Señaló que la ciudadanía debe reclamar su derecho a saber e interponer una acusación para que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría hagan su trabajo.

“La gente debe exigir justicia y esclarecimiento de los hechos, porque no es un quintal de azúcar ni un saco de papas el que se perdió, sino el dinero depositado en la DGI a través del pago de nuestros impuestos, y eso se debe aclarar, porque de lo contrario, estamos en la libertad de creer que se trata de una política de Estado el robo del dinero público”, añadió la titular del Cenidh.

 

Policía insiste en mentir
Pero ayer el comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía, reiteró que están apoyando a la CGR a realizar las indagaciones.

“Las indagaciones necesarias dentro de las facultades que tiene la Policía Nacional en apoyo a la Contraloría… no puedo indicarles cuánto tiempo (van a durar las indagaciones) se está trabajando”, dijo Borge.

Pero la Contraloría General de la República, CGR, lo desmintió  a través de su vicepresidente y contralor de facto, Luis Ángel Montenegro, quien aseguró que no han orientado a esta institución que los apoye en una supuesta investigación que están realizando en la DGI.
“No hemos pedido el apoyo de la Policía para hacer la auditoría en la DGI, es muy probable que en un momento determinado se requiera del auxilio de la Policía, pero en este momento no hemos pedido absolutamente nada”, dijo Montenegro.

“No tenemos facultades para andar allanando casas ni para andar haciendo persecuciones. El trabajo nuestro se resume en hacer auditorías, y se hace con papeles en la mano en la institución; es decir, el papel de la Contraloría es diferente al quehacer de la Policía, la Fiscalía y de los jueces”, aclaró el contralor, quien agregó que la auditoría en la DGI obedece a un mandato constitucional y no a una denuncia por actos irregulares, pero que aún no tienen resultados de la misma.