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Placas, pistolas y trajes azules y verdes se ven a lo largo de la propiedad de la familia García Toruño, como muestra del actuar de un gobierno donde prima la ley del más fuerte.
El amplio cordón tiene sus comienzos en la entrada de la propiedad, donde dos efectivos policiales y una patrulla número 302, han reforzado la vigilancia establecida desde hace más de ocho meses en la propiedad.

La presencia policial se ha recrudecido desde el 15 de abril, cuando las hermanas Carmen y Emperatriz Toruño fueron intimidadas por miembros de la Policía Nacional.

La última visita de la familia a la propiedad donde la empresa Albanisa está realizando la extracción ilegal de basalto y piedrín, para la construcción de la carretera a Puerto Sandino, se produjo el pasado 23 de abril.

Según relata el hermano y también propietario de la finca Monte Carmelo, Manuel García, el acceso a la propiedad está totalmente restringido, de forma tal que ya no tienen acceso a la casa ni a los bienes dentro de ella.

“La Policía tiene ocupada toda la propiedad. Antes del 15 de abril podíamos entrar hasta la casa, pero ahora hay un cordón policial que nos impide totalmente el paso. No solo se han tomado las minas, sino todo lo que hay en el perímetro”, denuncia Manuel García.


Denuncia al comisionado de León
Debido a la intimidación sufrida el 15 de abril por las hermanas García y por el depositario de la finca, Javier Dávila, estas pusieron una denuncia contra el comisionado de León, Ramón Avellán, al cual se le atribuye la dramática noche en que estos fueron retenidos por casi tres horas.

Según relata Carmen Toruño, la denuncia ocurrió en un ambiente de hostilidad, en el cual hubo resistencia de parte de la Policía de entregarles una copia de la denuncia.
“Tuvimos que esperar por más de dos horas para que nos permitieran fotocopiar la denuncia. Pero tras muchos reclamos nos la dieron”, relata Carmen Toruño.

Unido a estas acciones, ayer la familia presentó una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, en la cual la familia exige una explicación ante el despojo de su propiedad.

“Nosotros le pedimos a la honorable Asamblea Nacional que nos dé una explicación ante la irrupción y explotación ilegal de nuestra propiedad. Una evaluación del actuar del procurador Hernán Estrada y de la Policía Nacional, así como un pronunciamiento ante la confiscación que hemos sufrido”, explica Manuel García.

También realizaron una denuncia formal ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en aras de lograr que sus reclamos sean escuchados internacionalmente.