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La ex presidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera, denunció ayer que en la Asamblea Nacional los diputados están “cocinando” unas reformas a la ley 276, creadora de la Aguadora, y a la orgánica del INAA, decreto 123 del 30 de octubre de 1979, con la finalidad de allanar el camino para privatizar el servicio de agua potable.

En su calidad de presidenta del Instituto de Desarrollo Empresarial Asociativo (Ideas), Herrera hizo circular a través del correo electrónico un escrito donde se refiere a la iniciativa del diputado orteguista Vladimir Somarriba, referida a Enacal, y la de Eliseo Núñez, presentada en septiembre de 2010 relativa a las tarifas de agua.

Aunque no se centró en ambas iniciativas que están en manos de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del Legislativo, Herrera alerta a la población sobre los asuntos de fondos de ambas propuestas.

Sorprende la pobreza de argumentos y la falta de vínculos entre los “fundamentos” y la esencia de la reforma para Enacal. Según sus autores, los cambios se motivan en la necesidad de acabar con “los poderes omnímodos que tiene la Presidencia Ejecutiva…, establecer maneras democráticas y modernas de relacionar al sector público con la sociedad…, sin represalias políticas a los trabajadores ni a los usuarios, así como al sector privado…”.

Hablan de una Junta Directiva “…responsable, profesional y técnicamente capaz“, aunque en el Art. 7 del proyecto se olvidan de establecer el requisito de profesional calificado que requiere esa empresa, e irónicamente le dan doble voto al Presidente Ejecutivo de la misma, ¡¡¡más omnímodo?, detalla Herrera.

20 ingenieros despedidos
Es una lástima que Gustavo Porras, Presidente de facto  (de Enacal) desde hace un año, no aproveche esos poderes para mantener y mejorar la calidad y cobertura del servicio, y lejos de transformar las relaciones a las que se refiere la propuesta, actúa en contra de los profesionales y técnicos al despedir a más de 20 ingenieros calificados, con al menos 15 años en la aguadora, formados en escuelas de Japón, Brasil, España y Rusia”, dijo el escrito de Herrera.

Los diputados proponen, en medio de obviedades administrativas, que no superan las leyes vigentes, artículos muy preocupantes. Debe aclararse qué hay detrás de estas confusas reformas, que mezclan artículos inocuos con temas delicados.

Asegura Herrera que en la reforma a la ley de Enacal dice que la Junta Directiva podrá aprobar su participación en sociedades o corporaciones, ya sean privadas, estatales o mixtas con giro similar. Aprobar la participación en corporaciones internacionales que tengan giro similar ¿?, aprobar la transferencia de los bienes de la empresa a aquellas de giro similar creadas, organizadas y establecidas para la prestación del servicio de agua y de alcantarillado.

También la aguadora podrá contratar empréstitos nacionales e internacionales y emitir bonos y otros títulos similares.  Esos aspectos que se enmascaran en el Art. 12 y son la base para diversas formas de privatización, que aplicarían donde convenga a los intereses de las corporaciones, por ello hablan también de crear empresas, quizás en aquellas ciudades donde el servicio de agua puede alcanzar niveles de rentabilidad.

“En el caso del INAA, la reforma parece dirigida a mejorar los ingresos de Enacal y volverla atractiva a las corporaciones”,  dice el documento.