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Manuel García Toruño y demás familiares, propietarios de la finca Monte Carmelo en León, aún no salen del asombro, después de enterarse de “la burla y del atropello” que les hiciera el consorcio privado Alba de Nicaragua S.A., ligada a la familia presidencial, al comunicarles que “ya no tiene interés en comprarles la propiedad”, después de permanecer ilegalmente en ella desde diciembre pasado y extraer material selecto en enormes cantidades, en lo que constituye un verdadero robo y escarnio para la familia.

“Esta carta que nos enviaron es una burla más de Albanisa. Un atropello más que hemos recibido”, expresó Emperatriz García, una de las afectadas.

La carta es emitida por el Departamento de Asesoría Legal de la empresa privada Albanisa, y firmada por Nelson Larios.

La misiva tiene fecha del 25 de abril de 2011, y está dirigida a los propietarios Carmen Toruño de García y Manuel García Toruño.

En ella se rechaza la propuesta de venta que la familia García Toruño le hizo a Francisco López cuando descubrió la farsa montada por la Procuraduría General de la República.

“Nosotros le hicimos una oferta a Francisco López, después que descubrimos que el procurador Hernán Estrada nos estaba engañando descaradamente, y que la finca Monte Carmelo no se la estábamos vendiendo al Estado Nicaragüense, sino al apoderado de Albanisa”, recuerda Manuel García.

¿Debilidades legales?
En la carta se confirma la intervención directa de la Procuraduría General de la República en el consorcio Estado-Albanisa, y se intenta justificar su actuar bajo supuestas irregularidades.

“...les confirmo que ya no existe interés en adquirir tales propiedades en las condiciones por ustedes propuestas, por existir debilidades legales, por las que pedimos en su momento el apoyo de la Procuraduría General de la República”.

Continúan mentiras
Por fin, esta carta contesta lo que en su momento se le preguntó al Procurador General de la República, Hernán Estrada, cuando justificó con una carta rimbombante su intervención como mediador en la negociación a petición de una de las partes, amparado supuestamente en el Decreto No. 28-2007 referente a la “Creación de la Comisión Interinstitucional para la Defensa del Estado de Nicaragua por Diferencias Relativas a Inversiones, y leyes relacionadas”, que nada tiene que ver con el caso concreto.

“La propiedad nunca ha tenido problemas legales, nosotros somos los cuartos y quintos adquirentes de la propiedad y tenemos la historia registral. Con eso lo que quieren es lavarle la cara a Hernán Estrada, porque saben que él me llamó a la PGR para negociar en nombre de ellos, y por eso no les vendí porque querían dar un precio ridículo por manzana. Además, yo llegué a negociar con el Estado, pero a la hora de firmar me salen los papeles con Albanisa, y eso no lo acepté”, rememoró García.

En el borrador de la compra venta de la propiedad que está en poder de END, se deja en claro que las personas que participan en la misma son Manuel García Toruño y el ingeniero José Francisco López.

“El segundo compareciente Ingeniero José Francisco López, lo hace en nombre y representación de la sociedad Alba de Nicaragua Sociedad Anónima o simplemente (Albanisa), en calidad de apoderado generalísimo”.

Roban y no pagan
Tras la extracción de más de 25 mil metros cúbicos de basalto y de piedrín por parte de Albanisa, esta se deslinda del turbio negocio que ensombreció la vida de la familia García Toruño.

Para Manuel García, copropietario de la finca, esta es una muestra más de un Estado que violenta los derechos a la propiedad privada de los ciudadanos nicaragüenses.

“Esto es increíble. Después de meterse en nuestra finca durante cinco meses y extraer el material de nuestra mina, se lavan la cara con una carta y sin pagarnos el dinero que nos deben”, indica Manuel García.

La ley para la explotación de minas establece que el propietario de los bancos de material selecto tendrá derecho al 30% del costo de extracción.

Ya que hasta el momento se han extraído 25 mil metros cúbicos de basalto y piedrín, y que el costo de extracción es de 8 dólares, los propietarios tendrían derecho al pago de 2.4 dólares por cada metro cúbico extraído. Esto equivales a un total de 60 mil dólares.

Pero en la carta no se hace alusión a indemnizaciones por las arbitrariedades cometidas contra la familia Toruño García.

EL NUEVO DIARIO preguntó al PGR a través de relaciones públicas sobre quién pagaría a los afectados, y respondió por la misma vía que “la PGR ya no tiene nada que ver en el asunto, solamente intervino en su momento”.  

La misma finaliza diciendo que en vista de la situación, se valorará la viabilidad de continuar con el proyecto de construcción de la carretera en Nagarote y La Paz Centro, municipios de León.

Carretera es para refinería Supremo Sueño de Bolívar
Lo que no menciona la carta es que la carretera a la que hacen alusión, comunica el empalme de La Paz Centro a Puerto Sandino con la refinería Supremo Sueño de Bolívar, una empresa más de Alba.

Al presentarnos en la zona donde se está construyendo la refinería, uno de los vigilantes con sello de Albanisa en su uniforme, intentó evitar que las obras de infraestructura vial fueran captadas por nuestro lente fotográfico.

Reafirman: Proyecto privado
“Deténganse, ustedes no pueden estar aquí ni tomar fotos. Esto es un proyecto privado”.

¿Es un proyecto de quién?
De Albanisa, no pueden tomar fotos.

Pero se nos ha informado que esta es una obra en beneficio de las comunidades de La Paz Centro y de Nagarote.
No, esto no es una obra pública. Esto es una carretera de una empresa privada para traer los materiales desde las minas.

¿Y donde están esas minas?
Eso no lo sé, pero váyanse.

Alcaldes no saben nada
En la carta enviada por Nelson Larios, asesor legal de Albanisa, se señala que la obra de infraestructura caerá en manos de las autoridades municipales, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Energía y Minas, los cuales determinarán “la viabilidad de hacer realidad esta obra en beneficio del pueblo nicaragüense”.

Al final se adjunta una constancia de copia a los alcaldes de La Paz Centro y Nagarote, al procurador Hernán Estrada y al ingeniero Francisco López.

No obstante, al consultar a la alcaldesa de La Paz Centro, Lesbia del Carmen Abarca García, esta negó conocer de qué obra pública se trataba.

“Sí, yo recibí la carta, pero no sé de qué me están hablando. Desconozco el proyecto, desconozco la carretera a la que se está refiriendo y desconozco quién envía la carta”, indicó Abarca.

Fuimos a la alcaldía de Nagarote, pero al preguntar por el alcalde Juan Gabriel Hernández, se nos indicó que estaba en una reunión y que no podían atendernos.