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El corrido Director General de Ingresos, DGI, Walter Porras Amador, recurrió de amparo “por amenazas de detención ilegal” ante la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, un día antes de sus comparecencias en televisión, en las que aseguró que estaba de “vacaciones”, pero al ver que su recurso no surtió efecto salió del país.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril  en contra del Ministerio Público y de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional; pero fue hasta ayer, 16 días después, que el Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala Penal Dos, solicitó informe a las instituciones en mención sobre el caso.

Según el escrito introducido por Porras, el lunes 11 de abril se presentaron a la DGI, auditores acompañados de supuestos oficiales de Policía a realizar actos de investigación, y posteriormente, vía telefónica, fue citado por autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional para ser entrevistado en relación con una investigación que se lleva a efecto en la DGI.

Porras asegura que le violaron sus derechos como ciudadano, porque al ser entrevistado no le explicaron por qué o en calidad de qué estaba siendo entrevistado, “si en carácter de imputado o de testigo”.

Más mentiras de la Policía Nacional
Según Porras, lo único que respondieron los oficiales de Policía es que la investigación “era ordenada por el Ministerio Público”, y que de no contestar, se ordenaría su detención.

Estos hechos, según Porras, constituyen amenaza de detención ilegal y lo ponen en situación de “vulnerabilidad”.

Este recurso de exhibición personal de Porras deja al descubierto una vez más las mentiras de la Policía Nacional, que oculta el nombre de quién ordenó la pesquisa, pues a Porras le dijo que era orden de la Fiscalía, quien nunca fue informada del caso, y la Policía además de negar las investigaciones y tratar de confundir, a inicios de esta semana, dijo que la había ordenado la Contraloría General de la República, lo cual fue rechazado por los contralores de facto.

Porras fue visto la madrugada del jueves 14 de abril en el Aeropuerto “Augusto C. Sandino”, en compañía de su esposa, ambos en busca de una línea aérea que, por lo general, viaja a esas horas.

“Se fue a Canadá, a Toronto específicamente, a la casa de un hermano de su esposa”, dijo una fuente de la DGI que mantiene contactos con personas cercanas al destituido director de Ingresos.

 

“Falso de toda falsedad”
Mientras tanto, el Fiscal General de la República, Julio Centeno, expresó que le sorprende una solicitud de informe tantos días después de introducido el recurso, pero más aún que le pidan informe de algo que la institución fiscal desconoce totalmente.

“El Ministerio Público no tiene competencia para mandar a detener a nadie, menos facultades para amenazar a alguien de detención, porque lo que le dijeron al señor Porras en la Policía sobre la orden de la investigación es falso de toda falsedad, porque la Fiscalía no ha recibido informe sobre el caso, somos ajenos a todo”, dijo Centeno.

Centeno también aseguró que pedirá al Tribunal de Apelaciones, Sala Penal Dos, que declare improcedente el recurso interpuesto por Porras, por carecer de todo fundamento jurídico y lógico, ya que el Ministerio Público no ha tenido participación en esos actos.

Policía se declara nuevamente desinformada
La comisionada mayor Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, aseguró que hasta ayer no había sido notificada por el TAM, pero que quizás la recibió la Dirección de Asesoría Legal de esta institución.

“Él (Porras) se puede amparar en contra mía, pero la notificación puede venir aquí o a Asesoría Legal de la Policía, no te podría decir ahorita (si tenemos un caso en contra del ex director de la DGI), porque no tengo ningún documento que diga eso”, aseveró Zavala.

¿Para qué trámite?
La magistrada Rafaela Urroz, miembro de la Sala Penal Dos del TAM, junto a Mario Miranda y a Noel Napoleón Pereira, al ser consultada sobre el porqué de la tardanza en la tramitación del recurso, si el TAM supuestamente va al día con la tramitación de recursos con el nuevo modelo de despacho judicial, dijo que no sabía a qué se debía.

Urroz agregó que aunque en los medios se diga que Porras está fuera del país, ellos tienen que dar trámite al recurso, esperar los informes de la Fiscalía y de la Policía y resolver.

Hasta el momento, los que se han visto involucrados en el caso por las indagaciones que ha hecho la Policía son Elizabeth Fiallos, asesora jurídica tributaria de la DGI; Daniela Rodríguez, encargada del Departamento de Devoluciones y Exoneraciones, dueña de la casa allanada; el administrativo Financiero de la entidad, Marcos Amaya, y Yamil Avilés, quien fungía como administrador de Renta de la sucursal de Sajonia de la DGI.

El monto total de la malversación de fondos públicos en la Dirección General de Ingresos, DGI, es incierto, pero fuentes de esa entidad informaron, cuando estalló el escándalo, que auditores que llevaron desde la Secretaría del FSLN, lograron determinar en los primeros cuatro meses de revisión alrededor de 30 millones de córdobas manejados de manera irregular.

(Con la colaboración de Carlos Larios)