Oliver Gómez
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La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) “rechaza rotundamente” la aplicación del decreto que publicó el presidente Daniel Ortega, donde ordena que todas las empresas del sector comercial, industrial y turístico paguen el agua potable que estén extrayendo mediante sus pozos. “Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a actuar apegadas a la ley”, reza un comunicado emitido anoche.

Los directivos de esta Cámara del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dejan claro en este escrito que se refieren al Decreto Presidencial número 10-2008, que fue publicado el martes en La Gaceta, Diario Oficial, con el título “cobro para promover la sostenibilidad de reservas de aguas subterráneas”.

Ellos explican que están de acuerdo conque debe existir un canon por el uso y aprovechamiento del agua, pero dicho impuesto debe ser cobrado mediante la Ley General de Aguas, número 620, que entra en vigencia hoy, y deja claro en su artículo 87 que “se establecerán y aprobarán mediante Ley Especial dictada por la Asamblea Nacional”.

Citando el artículo 134 de dicha ley, le recuerdan al gobierno “que el Poder Ejecutivo solamente está facultado para enviar el Proyecto de Ley de Cánones a la Asamblea Nacional, no se le faculta para actuar por medio de decreto en esta materia”.


No han creado Autoridad Nacional del Agua
Explican que en dicha ley se crea la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como órgano encargado de la gestión, manejo y administración de los recursos hídricos, y “esta instancia aún no ha sido creada, y… es la única facultada para administrar los recursos hídricos, por lo que ninguna otra institución pública puede arrogarse las facultades otorgadas a ANA”.

Califican este Decreto Presidencial como “violatorio de nuestra Constitución”, y prometen que de aplicarse tal como fue publicado, afectará al sector industrial y degenerará en desempleo, quiebras de empresas y caos económico. “Esto, además, alejará la inversión”, estiman.

“Cadin rechaza rotundamente la aplicación del Decreto Presidencial número 10-2008, por ser inconstitucional y por afectar seriamente el clima de negocios tan necesario para el desarrollo de Nicaragua”, agregan.

Ortega mandó a publicar este decreto la semana pasada, y apareció en la edición del martes de La Gaceta, donde fija una tarifa de 12 córdobas por cada un mil litros que sean bombeados en estos pozos.

En este documento se manda a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) a instalar de inmediato macromedidores a todos estos pozos de “las embotelladoras, cervecerías y procesadoras de café”, y en el caso de “colegios privados, universidades privadas, restaurantes, zonas francas y embajadas, se les aplicará un cobro por extracción de ocho córdobas por metro cúbico (un mil litros)”.

Ahora, estas dos nuevas tarifas son las más caras que presenta Enacal en su pliego tarifario. La presidenta de esta empresa, Ruth Herrera, celebró la decisión del Presidente, pues dijo que se trata de unos 160 pozos en Managua.