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“El agua es un derecho fundamental y los gobiernos deben garantizar su acceso, así lo declaró el año pasado las Naciones Unidas”, recordó Denis Darce, Director de Proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Por otra parte, el artículo 105 de la Constitución de la República de Nicaragua establece la obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos, entre estos el agua, como un derecho inalienable, recordó.

En tanto, “las inversiones privadas, sus modalidades y concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas serán reguladas por ley”.

Incluso, subrayó, la Ley 620, o Ley General de Aguas Nacionales, establece que el agua es un patrimonio de la nación como elemento básico para garantizar un desarrollo humano sostenible.

La referida Ley establece en su artículo 4 que el servicio de agua potable no debe ser privatizado de ninguna manera ni de forma directa, ni indirecta, comentó el licenciado Darce.

Discurso oficial contradictorio
Comentó que las pretensiones de reformar las leyes son un peligro para la población, y es curioso cómo un gobierno que propugna ser cristiano, socialista y solidario, que dice estar en contra de los principios neoliberales, de repente a través de sus personeros aparece con reformas que llevan a privatizar un bien básico para la vida.

El representante de CPDH dijo que un argumento no válido es la supuesta falta de rentabilidad de Enacal. Sin embargo, todo este tiempo han existido mecanismos de control interno y externo en las instituciones, que permiten analizar si los recursos se utilizan en el marco que la ley establece, para eso están el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Si han dejado que la empresa no sea eficiente, hay quienes tienen responsabilidad sobre esto, principalmente siendo una institución vital para el país.

Recordó que otras empresas estatales, actualmente privatizadas, fueron llevadas a la iliquidez y falta de operatividad para justificar su venta. En el caso del agua, el Estado constitucionalmente tiene la responsabilidad indelegable de dar acceso al vital líquido.

Listos para protestas
Dolores Jarquín, de la Red de Solidaridad Comunitaria, dijo que están reviviendo un capítulo lamentable, porque ya antes se luchó en las calles, dejando claro que están en alerta, y que esta “amenaza” de privatización amerita una movilización de la sociedad a la que estarían llamando si de una vez el gobierno no expresa con claridad lo que está ocurriendo.

“Sería una contradicción del gobierno que está hablando de restitución de derechos, ubicando un bien público y un recurso tan estratégico como es el agua en manos del mercado”, cuestionó la fuente, tras exponer que una decisión de ese tipo “significaría reducir la capacidad que tienen los ciudadanos de acceder a servicios públicos”.

Jarquín, además, calificó de falta de voluntad política para garantizar la operatividad de la Autoridad Nacional del Agua. Una situación que a su modo de ver está relacionada, precisamente, a ese interés latente que capitales nacionales y extranjeros tienen en “apoderarse” de la “única empresa de servicios públicos que nos queda”.

“Lo que esconden es el gran interés” de grupos económicos, reiteró Jarquín, agregando que en vez de estar hablando de falta de rentabilidad de la empresa deberían enfocarse en el fortalecimiento de los Comités de Agua Potable, que son los que están trabajando de forma comprometida para que la población no carezca del esencial recurso.