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Representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aseguraron que ellos otorgaron una concesión a la empresa privada Albanisa, para que realizara la exploración y la explotación de varias hectáreas de tierra ubicadas en la carretera Vieja a León, entre ellas la finca Monte Carmelo, pero enfatizaron en que se debió indemnizar a sus propietarios, según relataron los reclamantes.

Miembros de la familia García Toruño, dueños de la propiedad usurpada, dijeron a EL NUEVO DIARIO que la Directora del área de Administración y Control de Concesiones, Maritza Castillo, les confirmó que la institución otorgó dos permisos en ese año, una para la empresa Meco y otro para Albanisa.

Agregaron que Castillo manifestó que como institución estaban facultados para emitir estos permisos previo pago de la empresa, pero negó cualquier vinculación en las negociaciones en las que intervino el procurador Hernán Estrada.

Señalaron que las autoridades del MEM criticaron el actuar de Albanisa, por irrumpir sin previa y justa indemnización en la propiedad de la familia García Toruño, ya que la Ley 387 contempla que una vez obtenida la concesión, se deberá llegar a un acuerdo económico con la familia afectada.

El MEM también le ofreció a la familia García Toruño actuar como intermediario en la negociación, de forma tal que se pudiera llegar a un “arreglo justo” con la parte afectada, añadieron.

“La licenciada Maritza Castillo nos dijo que si Albanisa se rehúsa a negociar, nosotros podemos introducir una denuncia para multarlos y llevarlos a juicio, ya que están violando nuestros derechos constitucionales”, explicó Carmen García Toruño.

END solicitó una entrevista con Carlos Zarruk, titular de la Dirección General de Minas del MEM, para confirmar la versión de los afectados y ahondar en la legalidad del asunto, pero no obtuvimos respuesta positiva.

Ventana abierta para futuras confiscaciones
Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, advirtió que este proceder del Estado puede indicar un peligroso precedente.

“Este manejo avasallador del caso de la familia García confirma que estamos ante un Estado autoritario que puede afectar a cualquier ciudadano nicaragüense, ya que toda propiedad que sirva a los intereses del ALBA está expuesta a sus tentáculos”, indicó Carrión.

También explicó que todo proceso de concesión incluye uno de notificación, que fue violentado sin la menor consideración hacia la familia García, y que esto solo es una muestra más de un Estado que se “lava la cara con la Constitución de la República”.

Por su parte, Alfonso Castellón, asesor jurídico de la Asociación de Confiscados de Nicaragua, explicó que esto indica que estamos a merced de instituciones totalitarias que defienden los intereses económicos de la familia presidencial.

“Si bien es cierto que el Estado tiene derecho a otorgar un permiso de explotación (el Ministerio de) Energía y Minas ha sido copartícipe y responsable de todo el salvajismo cometido contra la familia García, y lo que es peor aún, ha sido el causante directo de esta situación. No debió emitir una resolución de este tipo sin consultar, escuchar y notificar a los ciudadanos afectados. Eso es propio de los estados totalitarios, no de los democráticos”, señaló Castellón.