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La Contraloría General de la República, CGR, ha preferido ver de lejos las operaciones financieras del Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, aun cuando el mismo Código Militar señala claramente que esta entidad es sujeta de fiscalización pública por ser un ente autónomo que trabaja con fondos del erario.

El Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, Ley 181, aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de agosto de 1994, establece en su artículo 67, relacionado con el patrimonio del IPSM, que la Contraloría tiene plenas facultades para ingresar a esas cuentas.

“La Contraloría General de la República ejercerá los controles que le faculta la ley sobre el ejercicio administrativo y financiero del Instituto”, dice el citado artículo.

Pero ese artículo jamás ha sido puesto en práctica por el ente fiscalizador, que ha preferido dejar en manos privadas las millonarias cuentas del IPSM, que de acuerdo con un estudio elaborado por el investigador Eduardo Marenco, es uno de los principales grupos económicos del país.

 

CGR ve para otro lado
Así lo admite sin ningún problema el contralor con período constitucional vencido y presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, quien considera que el hecho de que no hayan sido directamente ellos quienes revisen las cuentas, no significa que haya alguna irregularidad, ya que las firmas privadas son confiables.

“Nosotros sabemos que tenemos la facultad de auditar al Instituto de Previsión Social Militar, pero delegamos en las firmas privadas, que están plenamente autorizadas para hacer ese trabajo, y no ha habido ningún problema con ello”, dijo Argüello al ser consultado sobre el asunto.

El mismo Argüello Poessy confirmó que nunca han tenido control sobre las compras que hace el Ejército de Nicaragua, dejando claro que los uniformados tienen plena libertad de hacer lo que quieran con sus recursos sin rendir cuenta a nadie.

“Sabemos que se trata de una institución que maneja recursos, pero no hemos visto la necesidad de ser nosotros los que hagamos los trabajos de auditoría, porque las que han hecho las firmas privadas, dicen que todo se ha manejado correctamente”, justificó el presidente de la CGR.

“La única circunstancia en la que nosotros actuaríamos directamente, sería si una de las auditorías realizadas por las firmas privadas reportara alguna irregularidad, pero no ha sido el caso, así que todo está bien”, añadió.

El IPSM es uno de los primeros grupos económicos del país, de acuerdo con la investigación de Marenco, la cual fue auspiciada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, y de inédita publicación hasta que END dio detalles de la misma durante la semana.

El Ejército no quiso dar su versión en ninguna de las publicaciones que realizamos durante la semana, aun cuando su vocero, el coronel Juan Ramón Morales, fue contactado en busca de entrevistas para ello.

 

El enorme patrimonio
El patrimonio del brazo financiero del Ejército son: la aportación inicial del Ejército para el Fondo de Pensiones, que nació de la venta de helicópteros y cohetes al Perú y de radares a Ecuador en los años 90; las aportaciones del Estado  través del Presupuesto General de la República; las cuotas y las contribuciones obligatorias que de conformidad con la ley le corresponda; las donaciones, cuotas y aportaciones voluntarias para planes que opera el Instituto, herencias y legados que le sean hechas y sean por éste aceptadas. A esto se suman las rentas e ingresos que genera su propio patrimonio.

A su vez, las empresas y propiedades del IPSM son de tres tipos: 1) Las heredadas de los 80 y que son de su completa propiedad (Coniasa, Fetesa, etcétera); 2) Las empresas donde el IPSM es socio (Banco de Finanzas, Metropolitana de Seguros --hoy grupo ASSA--), y 3) Las instalaciones, complejos y terrenos militares que hacen parte del patrimonio del IPSM.  

Es decir, el IPSM ha diversificado sus inversiones procurando asociarse con empresas internacionales y prefiriendo ser socio de grupos empresariales en áreas estratégicas, que van desde la construcción, la producción de cemento, centros universitarios, urbanizaciones y bienes raíces, así como banca, hospitales y la inversión en títulos financieros y certificados de depósito.

Las acciones en la bolsa de valores estadounidense, las cuales, según fuentes del cuerpo castrense, podrían haber sufrido un severo golpe durante la crisis financiera internacional que hizo colapsar los mercados internacionales durante 2008.

 

¿Violan su propia ley?
Las explicaciones políticas en torno a esa versión de la crisis de 2008, señalan que el presidente Daniel Ortega aceptó respaldar de alguna manera al IPSM para que se capitalizaran con nuevos recursos de proyectos sociales que entonces estaban en planes, y que resultaron con el financiamiento del INSS de US$45 millones para la construcción de casas sociales, donde el IPSM compite fuertemente con otros negocios del mismo sector.

La otra versión es que el partido acogería a los militares calificados que pasaran a retiro, asumiendo sus contrataciones y asignándoles salarios, con la condición de posponer las pensiones que recibirían del IPSM, pero solo mientras estén en servicio como funcionarios públicos, para capitalizar al brazo financiero del Ejército.

La mayoría de los negocios se contraponen a lo que establece el Código Militar, que señala en lo relacionado a su patrimonio, que “se prohíbe que las rentas e ingresos que genera el patrimonio del Instituto de Previsión Social Militar sean usadas para otros fines que no sean los de la seguridad social militar”. Hasta ahora nadie da la cara para hablar de esto.