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El extitular de la Dirección General de Ingresos, Walter Porras, está a la espera de la resolución de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, para saber en calidad de qué está siendo investigado por la Policía Nacional, desde el pasado 11 de abril, aseguró ayer su abogado Marvin Rafael Cuadra.


El jurista también aseguró que su cliente se encuentra en el país y está a la espera de rendir informe ante la Contraloría General de la República,  pues están respetando todos los tiempos de ley.


Porras tiene pendiente dos recursos de exhibición personal por amenazas de detención ilegal en el TAM, desde el pasado 14 de abril, que su hijo Allan Porras introdujo a su favor en contra los jefes de la Dirección de Investigaciones Económicas y la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de la Policía Nacional, quienes irrumpieron en la vivienda de su padre el pasado 12 de abril, según el recurso.


Además, tiene una ampliación del recurso que introdujo el pasado 18 de abril el abogado Cuadra, pero esta vez contra el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.

Ya están los informes
“Hay un proceso de investigación contra él, pero no sabemos en calidad de qué o por qué, por eso estamos a la espera de los informes para que dejen claro qué se está investigando. Estamos dentro del término. Y claro que sí, él (Porras) está en el país, no es prófugo de nadie”, reiteró el jurista.


Hasta ayer, en el expediente electrónico del caso en el TAM, las partes ya habían rendido su informe, es decir, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ahora se está a la espera de que la próxima semana los magistrados Napoleón Pereira, Norman Miranda y Rafaela Urroz resuelvan el recurso.


Desde el pasado 11 de abril, cuando se conoció de las investigaciones en la DGI, allanamientos en casas de algunos funcionarios allegados a Porras --como Elizabeth Fiallos, asesora jurídica tributaria de la DGI; Daniela Rodríguez, encargada del Departamento de Devoluciones y Exoneraciones, el administrativo Financiero de la entidad, Marcos Amaya, y Yamil Avilés, quien fungía como administrador de Renta de la sucursal de Sajonia de la DGI--, no se sabe cuál es la situación legal de estas personas en la investigación.


El monto total de la malversación de fondos públicos en la Dirección General de Ingresos, DGI, es incierto, pero fuentes de esa entidad informaron, cuando estalló el escándalo, que auditores que llevaron desde la Secretaría del FSLN, lograron determinar en los primeros cuatro meses de revisión alrededor de 30 millones de córdobas manejados de manera irregular.