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Posiblemente problemas de capacitación académica, sicológicos y de formación personal, son algunos de los factores que pueden incidir en aquellos policías que cometen el error de violar los derechos humanos de los pobladores, consideró el comisionado mayor Juan Cantarero, asesor de la Inspectoría General de la Policía.


Cada vez son más los casos de ciudadanos que se quejan por la violación a sus derechos humanos por parte de los uniformados. Uno de los hechos fuertemente denunciado fue la agresión que sufrió Roberto Collado, jefe de información de este diario, por parte de varios policías quienes lo detuvieron sólo porque solicitó explicaciones de los motivos que lo hicieron merecedor de una boleta roja de tránsito.


“Es posible que estos policías no logren asimilar la capacitación en temas de derechos humanos, nos nutrimos (en la institución) de los sectores de la población que están expuestos a un entorno disfuncional de familia, de relaciones de cansancio, de agotamiento, pero ninguna de ellas justifica que cualquier compañero policía maltrate, ofenda o cometa una agresión física o sicológica en contra de un ciudadano”, dijo Cantarero, luego de la culminación del Seminario de Validación: Módulo Instruccional de Capacitación de la Academia de Policía en materia de función policial y derechos humanos.

Más de mil denuncias
La Dirección de Asuntos Internos de la Policía conoce al año un promedio de 1,200 denuncias en contra de oficiales, de las cuales un 30% proviene de la población y organismos defensores de derechos humanos, el 70% surge de la misma Policía, lo que provoca alrededor de 100 bajas por delitos varios.


“La preocupación nuestra es elevar los niveles de texto de consulta, de los manuales, de los planes que se desarrollan dentro de la institución, con la finalidad de formar y de capacitar para que haya un respeto y una promoción de derechos humanos desde la Policía, con un vínculo directo con la comunidad”, aseveró Cantarero.


El jefe policial aseguró que han conocido de casos en los que pobladores o funcionarios públicos han violado los derechos humanos de los oficiales, pero en una menor cifra de ocurrencia.