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José Abad Valladares Vallejos, el forense que elaboró el dictamen legal por medio del cual William Hurtado, asesino del periodista Carlos Guadamuz, volvió a libertad bajo el régimen de convivencia familiar, es un militante del Frente Sandinista de la llamada “línea dura”.

Además, hasta hace mes y medio fue capitán de la Policía Nacional, donde se encontraba suspendido y bajo investigación después de que su ex esposa, Doris Escalona, lo acusó de violencia intrafamiliar el año pasado.

Escalona, al hablar ayer con EL NUEVO DIARIO, aseguró que existen quejas en la Corte Suprema de Justicia por manipulación de dictámenes forenses de reos.

Hurtado, un militante del FSLN, fue miembro de la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta, y estaba preso por haber asesinado de tres disparos al hombre de radio y disidente sandinista Carlos Guadamuz, en febrero de 2004.

El argumento principal para su libertad, establecido en dicha resolución, es el dictamen médico del doctor Valladares, quien determinó que el citado reo padecía de muchas enfermedades y problemas de salud que obligaban su libertad para tratarse fuera del régimen carcelario.

Ayer EL NUEVO DIARIO investigó que el mencionado médico del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, es un militante de la línea dura del FSLN, y que hasta hace fue poco miembro de la Policía Nacional.

A Valladares se le llamó ayer para confirmar sus vínculos con la Policía, pero rápidamente respondió que no podía declarar nada sobre sus actuaciones en el IML, ya que el único autorizado a hablar era el director general, Zacarías Duarte.

Al ser consultado Duarte sobre si no veía un conflicto de interés en que un policía fuera médico con capacidad de recomendar libertad condicional a un reo, respondió que a Valladares se le había contratado hace años por cuestiones de profesionalismo médico y no por otras razones.

Se le citó que la Corte Suprema de Justicia indicó hace unos años que los médicos forenses no podían trabajar en dos instituciones del Estado al mismo tiempo, pero Duarte respondió que si mal no recordaba, varios médicos del IML se sintieron afectados con la disposición y apelaron ante la CSJ para revertir la medida.

“Yo no sé en qué terminó esa discusión sobre esa circular de la CSJ, lo que yo sé es que, hace años, varios médicos apelaron ante ella. Sobre su investigación ante la Policía no sé nada y no me compete por ser aspectos de su vida privada”, dijo Duarte.

Magistrado ignora sobre quejas

El magistrado Edgard Navas, miembro de la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ, dijo no recordar si existe o no alguna queja formal en contra de Valladares Vallejos, pero sí confirmó que forma parte de los médicos que luchan para que ese máximo tribunal les permita trabajar en dos entidades públicas a la vez.

“Está pendiente de fallarse ese recurso que interpusieron seis médicos forenses que piden que se les deje tener dos trabajos, aunque nosotros antes les habíamos dicho que escogieran entre trabajar en Medicina Legal o en otro lado”, dijo Navas.

La ex esposa también destacó que es hermano de una comisionada mayor y cuñado del ex director de la Policía Nacional, primer comisionado en retiro Edwin Cordero, por lo que tiene influencia ante muchas autoridades.

“La hermana mayor de él es odontóloga (comisionada mayor Raquel Valladares), que es la esposa del comisionado Cordero, que ahora es la directora del Hospital “Carlos Roberto Huembes”, dijo.

En septiembre de 2007, Escalona denunció a su marido --Valladares-- ante el Ministerio Público por violencia intrafamiliar, lesiones, falta de alimentos y amenazas de muerte. Apenas un año atrás, Valladares había participado en varios talleres de Operadores de Justicia, dentro del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual Nicaragua 2001-2006.

Más atrás, en 1999, se había instruido causa criminal por violencia intrafamiliar en su contra, interpuesta por su anterior esposa, Natalia Petrovna Lavivnova, de origen ruso.

Al respecto, Escalona refirió que fue exonerado de estos cargos, porque el dictamen médico legal se perdió en la diligencias.

Y sobre su caso específico, finalizó: “La administración de justicia no se pronuncia, mis niñas están desamparadas, entiendo que es porque él es un funcionario auxiliar de esa administración de justicia”.

(Con la colaboración de José Adán Silva)