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El director de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, Luis Ángel Montenegro, no encuentra en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Enacal las pretensiones de privatizar y hasta de endeudar a dicha empresa, tal como lo alertaron la semana pasada Ruth Selma Herrera y funcionarios de organismos vinculados con el tema.  Para él la controversia no pasa de ser un “cuento… algo que nunca existió”, y que a su parecer es algo que “probablemente” surgió por el interés de individuos o de instituciones no gubernamentales.

Aun instalándose en la casa que desde hace poco más de un mes está siendo acondicionada para ser sede del ANA, localizada en residencial Las Palmas, Montenegro reveló que él mismo fue llamado por la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional para opinar sobre los proyectos de reforma, y que no encontró en ellos intención alguna de privatización.

Montenegro fue más allá, y opinó que “si hay intención de algún diputado o grupo parlamentario, de los partidos de oposición, de implementar algún tipo de reforma de eso (privatizar), te puedo decir que no está en agenda, no se ha discutido, pero más aún, estoy seguro de que el gobierno de la república y que el presidente (Daniel Ortega) vetaría automáticamente cualquier intento de privatización”.

Apoya tarifas diferenciadas
Ahora bien, el directivo del ANA dio su total apoyo al establecimiento de tarifas diferenciadas que procuren que sectores de poder económico, como las empresas, paguen más por el servicio de potabilizar el agua, y de esa manera subsidien a “a las personas más necesitadas”.

Explicó que el bloque tarifario vigente data de 2001, por lo que aun con el proyecto de reforma, que contempla que las empresas paguen un 25% más por el servicio de agua potable, no estarían asumiendo el valor real del servicio. Calificó la iniciativa como “lo correcto, es lo normal, es lo deseable, es lo justo”, si se toma en cuenta que “en casi todos los países del mundo” se aplica, y que estarían pagando bajo un pliego tarifario técnicamente obsoleto.

El funcionario al frente del órgano rector del recurso hídrico en el país hizo énfasis en que mientras no se reforme la Ley de Aguas “todo lo demás son palabras en el aire… con el objeto de crear confusión” pues este instrumento legal en su artículo 4 deja claro que el servicio de agua no puede ser privatizado y es de tutela exclusiva e indeclinable del Estado.

“Ni siquiera el outsourcing (subcontratación) está permitido”, mencionó, negando que las reformas se orienten a la posibilidad de participación de capitales privados aun de forma indirecta.

Igualmente, declaró que la función de ANA es autorizar las tomas de agua y no jefear o regular al Enacal o al INAA. “Regulamos el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos a nivel nacional”, enfatizó, tomando distancia de la parte operativa de llevar y de establecer cobros por el agua a la población.

Informó que desde su entrada en funciones han aprobado concesiones cuyos valores de inversión superan los 500 millones de dólares, entre ellos el proyecto Guacalito de la Isla y el aprovechamiento de agua para Cerro Colorado Power, en el Volcán Casitas y en San Cristóbal

En sus prioridades de trabajo está el establecimiento del Registro Nacional Público de Derechos de Agua y el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos, los cuales servirán para el ordenamiento de las fuentes de agua en el país y para conocer de dónde y quién está ocupando el agua.

Montenegro reconoció que ANA, al igual que el resto de instituciones públicas, padece la falta de recursos. “Necesitamos más fondos”, dijo, y para obtenerlos han recurrido a la cooperación. La Agencia de Cooperación Alemana GTZ les aprobó 3 millones de euros para la primera fase de la creación del Registro y del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos, proyectada para tres años, la segunda fase requerirá un aporte y tiempo similar, y, según Montenegro, la misma fuente ya ha manifestado apoyo.

Hizo énfasis en el carácter técnico científico de ANA, orientado a regular la cantidad y la calidad de los recursos hídricos.

Las reformas
Entre las reformas que han motivado que diferentes voces se pronuncien alertando pretensiones de privatización del agua, está el aprobar la participación de Enacal en sociedades o en corporaciones privadas, estatales o mixtas dedicadas a actividades similares.  

También se plantea aprobar la transferencia de los bienes de Enacal a empresas de giro similar, creadas, organizadas y establecidas para la prestación del servicio público de agua potable y de alcantarillado sanitario. Y lo más alarmante, proponen dar facultades a sus directivos para suscribir deudas y poder  emitir títulos valores.