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La acusación del Ejército de Nicaragua por el delito de injurias contra Rupert Allen Clair Duncan, Presidente del Gobierno Comunal de Monkey Point y miembro del Gobierno Territorial Rama y Kriol, no es jurídicamente viable según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, instancia que pidió que las autoridades investiguen los señalamientos a miembros del cuerpo castrense por supuesta violación contra 13 menores de edad.

Así lo determinó Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, quien viajó a Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur, al juicio inicial en contra de Claire Duncan, que se suspendió dado que existe rechazo a la acusación, presentada en medio de una serie de elementos que no son apropiados desde el punto de vista jurídico.

“En primer lugar, está interviniendo el fiscal departamental Gerardo Suárez, pero dado que la injuria es una falta de orden privado, según el artículo 79 del Código Procesal Penal, esto excluye al Ministerio Público y tiene que dejar de intervenir”. Por otra parte, el abogado asegura que en el procedimiento, el acusador del Ejército debió dar un poder especial a su representante, y lo presentado es un poder general.

Indicó que los señalamientos de Clair Duncan, de violaciones contra las menores de edad, especificadas en la carta enviada a la Fuerza Naval, son casos donde se menciona a miembros específicos del Ejército, por lo tanto, no se explica por qué el cuerpo castrense como institución se siente ofendido.

Institución sienta mal precedente
Además, explicó que la violación, por ser delito penal, debe ser procesada por las autoridades competentes, es decir, la Policía Nacional en la indagación del delito y el Ministerio Público en representación de las víctimas, dado que el Ejército no puede investigarse a sí mismo. Las faltas y delitos vistos por auditoría militar son de otro orden, vinculados con las actividades el cuerpo militar.

“Nos entrevistamos con el juez, con el representante del Ministerio Público de Bluefields y con las autoridades militares. Nos dimos cuenta de que lo único hecho por el Ejército fue acusar al denunciante tras recibir la carta denuncia del líder comunal de Monkey Point, mientras la Policía y la Fiscalía no han hecho expediente del caso, aunque obligatoriamente debieron tomarlo de oficio”, alega Carrión.

Mencionó que el caso es un grave precedente para la institución, que con su actitud de sentar en el banquillo de los acusados al denunciante, está enviando un mensaje muy negativo a la población.

“No dudamos del buen trabajo que el Ejército realiza en la zona de Monkey Point, ni de su importancia en la lucha contra el narcotráfico, pero lo reprochable es que no se investigue este tipo de situaciones”, comentó el representante del Cenidh.