Eloisa Ibarra
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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibieron ayer a abogados litigantes que pidieron la suspensión del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, implementado desde noviembre pasado en el Complejo Judicial de Managua.

Unos 50 abogados litigantes se presentaron a la CSJ, donde fueron atendidos por los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Francisco Rosales y Ligia Molina, quienes escucharon las inquietudes.

La abogada Mariana Gómez, en representación de los litigantes, pidió a los magistrados que suspendan la implementación del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, porque les provoca daños económicos debido a que los juicios no avanzan.

Refirieron que los clientes no les pagan sus honorarios porque los juicios se encuentran paralizados, y para realizar cualquier diligencia tienen que hacer filas tras filas y los autos no se mueven.

Mostraron la copia de la carta del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez, designado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial para dirigir la implementación del modelo, en la que ordena que no se permita a los litigantes el ingreso a la Oficina de Asuntos en Trámite.

Asimismo, mostraron otra carta donde les prohíbe a los jueces salir de sus oficinas, lo que los mantiene totalmente incomunicados con los litigantes y los usuarios de la justicia, según los demandantes.

Se quejaron de que se han perdido expedientes, y los jueces sólo tienen un secretario de ayudante, lo que provoca retardación de justicia, en perjuicio de sus trabajos y de sus clientes, quienes les piden cuentas de sus juicios.

El magistrado Rosales les explicó que la CSJ ha trabajado con los jueces en diferentes grupos focales, para conocer los obstáculos que enfrentan en su trabajo e identificar dónde están los atrasos.

Les informó que la próxima semana, después de terminar el análisis de los grupos focales con jueces, los llamarán a ellos para comparar que dicen ambas partes y llegar a un acuerdo.

Los litigantes interpusieron una denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en contra de Rodríguez, por considerar que la implementación del modelo viola sus derechos al libre ejercicio de la profesión.