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Varios privados de libertad protagonizaron ayer un motín en las celdas preventivas de la Policía Nacional en Granada, luego de que las autoridades cancelaran repentinamente las visitas de sus familiares, lo cual extiende la cadena de sucesos en estas cárceles con la fuga reciente de 12 reos en Chinandega y, 9 más en León, en los últimos dos meses.

La trifulca en los calabozos donde hay 170 personas se originó en la celda número seis, cuando los internos quebraron varias puertas, ventanas, bancas y luminarias, razón por la que fue necesaria la presencia de la fuerza antidisturbios de la institución policial.

Los familiares, que a eso de las cuatro de la tarde todavía permanecían en las afueras del edificio “Félix Pedro Carrillo”, en la carretera Granada-Nandaime, denunciaron que los antimotines golpearon a los reos, les lanzaron gases lacrimógenos e incluso llegaron a dispararles, por eso extraoficialmente se habla de tres heridos.  

“Lo que hicieron fue una completa salvajada. Se aprovecharon de que están presos en esas celdas para agredirlos; les tiraron bombas lacrimógenas y le prendieron fuego a la ropa de ellos”, manifestó doña Luisa Moreira, madre de un joven detenido.

“Dicen que a algunos les encontraron drogas, entonces los golpearon en la cara, y para que nosotras no los viéramos, ese día no nos dejaron entrar. Un oficial salió y nos dijo que la visita la iban a programar para hoy (ayer martes). Pero tampoco pudimos verlos, y estamos preocupadas por nuestros hijos”, expresó doña Carmen Sandoval.

Trasladan 15 reos
Los parientes dijeron que no han recibido ninguna comunicación por parte de la jefatura policial, que más bien los mandó a sacar del recinto, al que tampoco tuvieron acceso los medios de comunicación.  EL NUEVO DIARIO quiso confirmar la información de los heridos y llamó en unas cuatro ocasiones a la vocera, inspectora Adilia Rivas, pero no respondió su teléfono celular. También intentamos comunicarnos con el jefe departamental, comisionado mayor Horacio Sovalbarro, pero tampoco contestó.

Sin embargo, Gema Alvarado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que sí pudo acceder a las instalaciones, indicó vía telefónica que las autoridades intentaron frenar el amotinamiento, trasladando a quince reos a las celdas del Sistema Penitenciario Regional, donde la cifra casi alcanza los mil privados de libertad.

“En horas de la tarde me reuní con el comisionado mayor, y él me explicó que las visitas se suspendieron porque ayer había una audiencia en el caso de los guatemaltecos acusados por el delito de narcotráfico, y debían enviar bastante refuerzo policial a los juzgados. Por eso no habría suficientes oficiales para que atendieran las visitas familiares”, apuntó Alvarado.