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La mitad de la población del país, principalmente la que habita en el área rural, es víctima de inequidad en el acceso y en el costo del agua.

Toda una paradoja si se toma en cuenta su enorme riqueza hídrica, valora Salvador Montenegro, del Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos, CIRA, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Estimaciones del especialista apuntan a que si se distribuyera el agua de forma equitativa, cada nicaragüense tendría derecho diario a consumir 531 barriles.

“Lamentablemente, esa abundancia no se corresponde en materia de acceso” y saneamiento, apunta Montenegro señalando entre los principales problemas el que los esfuerzos de los gobiernos a través de la historia se han concentrado en lo urbano, donde tampoco el servicio es óptimo.

Es por la problemática de desatención --que involucra no solo la carencia del vital líquido sino la no garantía de la calidad del mismo--, que desde hace más de 30 años las comunidades se organizan para abastecerse, ahora oficialmente facultados por la Ley 722, que respalda la operatividad de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS.

Según Montenegro, en las villas, caseríos y poblados más recónditos del país, donde aspirar a tener agua potable es algo que ni se permiten soñar, los ciudadanos han tenido que adoptar soluciones espontáneas para resolver su necesidad, una buena cantidad bajo la figura de los CAPS.

Se calcula que existen entre 3,000 y 5,000 CAPS, cada uno atiende a unas 40 familias de entre cinco y ocho miembros, lo que significa que entre 600,000 y poco más de millón y medio de personas podrían estar siendo atendidas por ellos.

El valor del agua
En términos económicos, las desventajas también recaen sobre la población con menos recursos. Son los campesinos quienes están pagando más por este recurso, pese a que disponer de él les significa más esfuerzo, limitaciones y hasta riesgos de salud, porque muchos, por la falta de control o de fuentes cercanas, terminan obteniendo el agua contaminada.

Hay injusticia económica relacionada con el agua, afirma Montenegro. Mientras en la ciudad quienes reciben el servicio domiciliar pagan más o menos C$7.00 córdobas por metro cúbico de agua, en el campo un metro cúbico, equivalente de cinco barriles, puede costar hasta C$150.00.

Si hablamos de que una familia la integran entre cinco y ocho personas, y que la Organización Mundial de la Salud fija un mínimo de 50 litros de agua --equivalentes de un cuarto de barril-- por persona para garantizar su salud, nos encontramos que la inversión que deben hacer es significativamente más elevada que aquellos a quienes se les lleva a sus casas.

Lo ideal
El panorama empeora cuando añadimos que lo deseable es que cada persona disponga de hasta 200 litros --un barril-- de agua para beber y demás usos domiciliares diariamente, sobre todo porque quienes padecen la problemática son los más pobres.

Todo eso es lo que justifica la necesidad de fortalecer los CAPS, reitera el experto, sumando que algunos miembros de estas poblaciones, precisamente por las dificultades que afrontan para obtener el agua, recorren largas distancias, fundamentalmente, mujeres y niños, quienes conocen la importancia de velar por la preservación de las cuencas.

Explica que se vuelven auditores sociales, pues son conscientes de que “la calidad del agua que van a beber sus hijos depende del nivel de cuido que tengan las cuencas”, a eso agrega su papel en la conservación de la naturaleza y en la protección de los recursos hídricos.

De esto tratará el Foro sobre los  CAPS y la Ley 722, cuya organización está bajo la dirección de la Alianza de Cooperación para el Aprovechamiento y Protección de los Recursos Hídricos, GWP, capítulo Nicaragua, miembro de la Asociación Mundial del Agua.