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Los concejales de Managua, Leonel Teller y Luciano García, denunciaron ante organismos de derechos humanos que las acusaciones por supuestas injurias y calumnias en su contra no son más que un juicio político y parte de la imposición de la ley del bozal, para acallar las denuncias de corrupción en contra de funcionarios de la municipalidad muy cercanos al partido en el poder.

Sin embargo, los concejales aseguraron que esto no los detendrá en sus señalamientos cuando existan malos manejos con los fondos públicos.
El concejal Teller, quien visitó la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, indicó que los han sentado en el banquillo de los acusados --en su caso con cuatro causas judiciales-- por exigir que se respeten los derechos de los managuas y el buen uso, manejo y destino final transparente de los impuestos.

Indicó que el caso de los 31 cheques, por un monto total de 3.5 millones de córdobas, es del dominio público, y si no procedía en su obligación de funcionario público a denunciar ante el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Contraloría, en un futuro, podía ser procesado como cómplice.

Agregó que en el caso de las injurias, la ley dice que no existe este delito cuando la imputación sea verdadera, y está vinculada con la defensa del interés público, y cuando las expresiones se dirijan contra funcionarios o empleados públicos sobre hechos verdaderos concernientes al ejercicio de sus cargos, entre otros elementos señalados por la ley.

Organismos les darán respaldo
Marcos Carmona, Director de la CPDH, dijo que darán acompañamiento al caso, dado que a todas luces esto es un montaje a quienes señalan los actos de corrupción, y a partir de este proceso se ha comenzado la etapa de la persecución política en este gobierno.

“Aquí el mensaje es meter en miedo, intimidar a la población para que nadie ose denunciar los actos de corrupción, pero también la Contraloría General de la República tiene que investigar. Hoy está utilizando sus mecanismos de control a través de los juzgados, dado que en estos momentos tiene una estructura bien organizada en los diferentes poderes del Estado para reprimir a la población, pero la Constitución de la República y las leyes dan la facultad a cualquier ciudadano en denunciar las anomalías en las instituciones públicas”, expresó Carmona.

Por su parte, el concejal García se presentó ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, también a denunciar la serie de anomalías que se están aplicando en los juzgados, ensañándose en su contra con medidas desproporcionadas, por haber denunciado y pedido una investigación más a fondo y en las altas esferas de la Alcaldía de Managua, relacionada con los 31 cheques, y dejado constancia con respaldo documental.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, dijo que le han dado seguimiento al caso, y que no es posible que se haya sostenido una acusación, dado que existe un hecho real.

“Estudiaremos la documentación, daremos acompañamiento, y de ser necesario informaremos a las instancias internacionales sobre la situación que se vive en Nicaragua”, comentó Carrión.