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“¿Qué se esconde detrás de la Ley de Casinos?” Esa fue la suspicaz pregunta que se hicieron varios diputados ayer en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, sin embargo, solo Mónica Salvadora Baltodano Marcenaro se atrevió a cuestionar públicamente la maniobra de sustituir el dictamen original firmado hace siete años, por un documento totalmente diferente y que ayer fue aprobado en lo general.

Baltodano Marcenaro llegó al punto de sugerir una intencionalidad política, “pues no solo en Nicaragua, sino también en otros países del mundo es bien sabido que los casinos sirven para financiar campañas electorales”, dijo durante su cuestionamiento acerca del “bypaseo” del proceso de formación de la ley.

Para Baltodano, despierta suspicacia “la premura con que quieren aprobar esta ley, pero sobre todo, el hecho de haber sustituido a última hora el dictamen original, por un documento totalmente distinto y sin seguir el proceso de formación de la ley, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.

“La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece un procedimiento, un trámite.  Toda iniciativa de ley pasa al plenario, del plenario pasa a comisión; en comisión se hace un dictamen que pasa de nuevo al plenario, y este plenario tiene que discutir sobre la base de ese dictamen.  No puede ser sustituido el dictamen --por muy correcto que yo lo considere--, por un documento que se consensuó o se firmó por cuatro jefes de bancada…”, explicó Baltodano, tras insistir que “eso es violatorio del proceso de formación de la ley”.

Tres abstenciones
Al final, el “nuevo dictamen” fue aprobado en lo general con 77 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Se abstuvieron Baltodano, Salvador Talavera y Alejandro Bolaños Davis. Se espera que hoy sea aprobado en lo particular.

“Veo algo muy sospechoso por la premura con la que ellos (diputados del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista, PLC) están metiendo esta iniciativa de ley, cuando hay otras leyes dictaminadas más importantes”, agregó Baltodano.

Piedras en el camino
Por su parte, el diputado Eliseo Núñez Hernández no cuestionó la sustitución del dictamen, pero sí algunas regulaciones que establece la ley, las que calificó como “piedritas en el camino” que, según él, están dirigidas a fortalecer el funcionamiento de los grandes casinos, en detrimento de las pequeñas salas de juego.

Entre esas “piedritas” dijo, están algunos requisitos para el funcionamiento de salas de juego, por ejemplo, el hecho de que se diga en la Ley cómo deben ser las salas de juego, es decir, cómo deben estar diseñadas, lo cual, dijo Núñez, solo podrían cumplir los “grandes hoteles” del país.

“Esto (los requisitos de la ley) esta dirigido a que solo los grandes hoteles puedan tener (salas de juego) y con esto está sacando del juego a otros (empresarios)”, señaló.

Gutiérrez a la defensa
Por su parte, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento. y diputado por el Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez Mercado, negó que el aprobado ayer en lo general, se trate de un nuevo documento distinto del dictamen firmado hace siete años.

Gutiérrez recordó que la iniciativa fue presentada en 2001 y dictaminada en 2004, “de tal manera que era necesario hacerle ajustes y actualizarlo”, dijo.  

“Como existe en el país un marco constitucional de libre empresa, y bajo ese principio se amparan los casinos y las salas de juego para entrar y desarrollar la industria en el país sin restricción ni marco regulatorio alguno, entonces, ‘en arca abierta, el justo peca’, así que no se puede seguir teniendo casinos sin un marco regulatorio”, explicó Gutiérrez.

Según él, la nueva ley tiene tres objetivos, de los cuales los dos fundamentales son: primero, establecer un ente regulador, en este caso, el Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, tendrá esa función; segundo, con la nueva ley no se establece un nuevo tributo a los casinos y salas de juego.  

En este punto, Gutiérrez señaló la necesidad de esperar la propuesta de Concertación Tributaria que prepara el Ejecutivo, y que presentará al Parlamento el próximo año, para definir los tributos a la industria de juegos de azar.