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La saga parece continuar para la familia García Toruño, ya que las autoridades no parecen dispuestas a fallar a su favor. Tras cinco meses de explotación ilícita de 285 metros cúbicos de material selecto por parte de la empresa Albanisa, su apoderado Francisco López parece dispuesto a burlarse de la familia, y dejarla a la espera de la indemnización prometida.

El conflicto sobre la propiedad inició el 5 de diciembre de 2010, cuando empleados de Albanisa irrumpieron ilegalmente en la finca, mataron el ganado, destruyeron 10 manzanas de pastizales y excavaron cinco pozos en la propiedad de la familia García Toruño.

La situación se salió de control cuando el caso fue publicado por este rotativo, hasta que apareció un documento de concesión minera extendido por el Ministerio de Energía y Minas en una zona llamada La Candelaria, área en la cual aparecía incluida la propiedad de los García Toruño.

A raíz de este descubrimiento, la familia introdujo una demanda en el Ministerio de Energía y Minas para que le retiraran la concesión a Albanisa por los daños y perjuicios sufridos, iniciándose un proceso administrativo que debería haber concluido este 18 de mayo.

Según la carta de comparecencia emitida por el MEM, ese día ambas partes debían presentarse para discutir la situación ante el titular de la institución, Carlos Zarruk, pero aunque la familia se presentó a la hora señalada, Francisco López, apoderado de Albanisa y segundo compareciente, nunca llegó.

Una respuesta increíble
No obstante, esta actitud no sorprendió a la familia García Toruño, ya que Francisco López tampoco se presentó a la firma del documento de compra-venta tres días antes.

Lo que sí parece increíble es la respuesta que obtuvieron al día siguiente, cuando el asesor legal del MEM, Julio Estrada, les comunicó que Albanisa ya había comparecido ante la institución y que ya tenían una resolución.

Si la resolución administrativa es positiva para la familia, el MEM tendría que retirar la concesión a Albanisa por la irrupción ilegal en un área privada, ya que la Ley 387 establece que toda explotación minera debe realizarse tras justa indemnización a sus dueños.