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Lo que debió ser una sesión de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional para aclarar la ineficiencia de la Contraloría General de la República ante abrumadores casos de corrupción pública, en la actual Administración del presidente Daniel Ortega, terminó en un agrio acto de protestas y de reclamos entre diputados y miembros del ente fiscalizador.

La esperada cita de los cinco miembros de la Contraloría con períodos vencidos en el cargo, Guillermo Argüello Poessy, Luis Ángel Montenegro, Fulvio Palma, José Pasos y Lino Hernández, ante los requerimientos de la presidenta de la Comisión, Miriam Argüello, comenzó puntual a las 2:00 de la tarde, luego de que la entrevista se viniera postergando desde abril pasado.

La pregunta de 407 millones
Argüello planteó que el objetivo de la entrevista era, en primer lugar, saber por qué la Contraloría no había decidido auditar al Consejo Supremo Electoral, luego de que una investigación rigurosamente documentada de EL NUEVO DIARIO había demostrado la forma en que 407 millones de córdobas, emitidos bajo conceptos de “anticipos a justificar”, fueron utilizados de manera fraudulenta en el Poder Electoral, y justificados con documentos falsos.

La diputada luego explicó que había otros casos de interés para la citada comisión, entre ellos el de la DGI.

Salida de baño
El presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, entregó a la presidenta de la comisión y demás miembros, un fardo de documentos con la información formal de los casos solicitados a investigar, y aprovechó para justificar por qué sus compañeros de institución se habían negado a aprobar una auditoría al CSE a raíz de las publicaciones de EL NUEVO DIARIO.

“Todos votaron por que no se hiciera la auditoría al CSE, al conversar con ellos sobre el tema, con posterioridad, hemos determinado que se quiere usar la Contraloría como un instrumento en la lucha política que ustedes tienen. Nosotros no somos parte, ni queremos ser parte de esas luchas”, resumió Argüello Poessy.

Defensor oficioso del CSE
Luego, el vicepresidente Luis Ángel Montenegro tomó la palabra para actuar de defensor oficioso del oscuro manejo financiero del CSE, un poder del Estado que figura en encuestas públicas y privadas como uno de las instituciones más desprestigiadas del país.

Y de paso, Montenegro aprovechó la tribuna para enfilar sus diatribas en contra de los medios de comunicación que denuncian los actos de corrupción en esta Administración.

“Esa información sobre los 407 millones de córdobas no tiene validez ni contable ni jurídica, y es contraria a las normas de control interno que establece la CGR”, resumió, y agregó que no auditarían al CSE “porque no trabajamos conforme al criterio de los medios de comunicación”.

Según Montenegro, ellos hubieran aprobado una auditoría, solo si alguien llegaba a denunciar el caso de corrupción en el CSE, “pero con las pruebas en las manos”.

“Si alguien en particular hubiera llegado a la CGR a decir que esos 407 millones de córdobas habían sido sustraídos de manera fraudulenta del CSE y hubiera llevado las pruebas documentales, no periódicos, yo hubiera votado de otra manera y hubiera aprobado la auditoría”, dijo el contralor de facto.

Una perversa tercería
Para entonces, Eliseo Núñez Hernández, sentado contiguo a la fila de contralores, pedía la palabra insistentemente, tratando incluso de interrumpir a la presidenta de la Comisión, para hacer eco de las justificaciones del contralor de facto Montenegro, quien expresó que era imposible que se perdiera tanto dinero del CSE, “porque no hay manera de ocultar eso durante nueve años”.

Pese a que los trabajos periodísticos revelaron que el mal manejo administrativo de los fondos del CSE se dio entre 2004 y 2008, el diputado Núñez tomó la palabra para sacar sus cálculos y meter la daga que finalmente saboteó la sesión.

“Usted dice que lo se investiga es la cuenta acumulada de nueve años, o sea del 2002, yo le pediría a la doctora Miriam Argüello que mande a traer al Ministro de Hacienda del 2002, que era Eduardo Montealegre, para ver cómo es que se acumuló tanto del 2002 a la fecha”, dijo Núñez.

Los contralores ilegítimos se volvieron a ver entre sí y empezaron a cuchichear, mientras la doctora Argüello se defendió diciendo que no estaba valorando la información de lo que pasó en otras directivas de Asamblea Nacional antes del 2006, sino con lo que ocurría a partir de enero del 2007, cuando ellos asumieron como diputados.

Comenzó el teatro. Tomó la palabra el contralor Guillermo Argüello, quien dijo que después de escuchar las palabras de Eliseo Núñez, sus compañeros de contraloría tenían toda la razón y el equivocado era él: “Quieren usar a la Contraloría como un instrumento de la lucha política, no aceptamos eso”.

Casi de inmediato, el diputado oficialista Douglas Alemán metió segunda a Eliseo Núñez, y dijo que la Comisión de Probidad estaba prestándose al juego político de los medios de comunicación, y que por ello, él y parte de su bancada del FSLN, se levantaban de la sesión, “para no prestarse al juego de los medios de comunicación”.

Explicó que no había quórum desde febrero, cuando salieron las publicaciones de EL NUEVO DIARIO, para citar a los contralores, porque detrás de ello “había una intención de los medios de instrumentalizar a la CGR y a la Asamblea Nacional en febrero”, y de enfrentar a los poderes del Estado, porque en marzo iniciaban las inscripciones de candidatos “y los medios querían desprestigiar al Poder Electoral”.

“Yo diría que quien salió ganando fue la Contraloría, porque antes de esta sesión no se reconocía la legalidad de la CGR, como no se reconocía la autoridad del CSE y de otras autoridades, pero como había interés en tratar este tema político, ustedes fueron invitados como contralores, y, entonces, bendita sea la convocatoria, porque ahora sí tenemos Contraloría oficialmente reconocida por esta Comisión”, expresó Alemán, siguiendo el juego que habría de motivar la molestia de Miriam Argüello.

Dicho lo anterior, Alemán se levantó y se fue, creando un ambiente de incomodidad y desconcierto entre los contralores de facto, a quienes Núñez instigaba diciéndoles cada vez en voz más alta, que se le levantaran y se fueran, porque “se había roto el quórum”.

Dra. Argüello los pone en su lugar
Miriam Argüello trató de salvar el juego diciendo que la Comisión no era política, sino que velaba por la bienandanza de la transparencia pública, y expresó lo que terminó de “ofender” a los contralores: “Yo, en mi calidad personal, no los reconozco como legales en esta Contraloría”.

Fue un balde agua helada en los rostros de los contralores, quienes se volvieron a ver entre sí, se hicieron señas, hablaron a oídos, ignoraron lo que Argüello seguía diciendo, mientras en una esquina, azuzando el ambiente, Eliseo Núñez insistía: “Levántense y váyanse, ¿qué hacen aquí?”.

Antes de que Argüello siguiera planteando sus ideas a unos funcionarios con cargos vencidos, que debatían entre sí largarse del sitio sin tomarle importancia a lo que la señora decía, ya los funcionarios guardaban sus papeles en sus portafolios y movían hacia atrás las sillas, en señal de protesta.

“Por favor, señores, déjenme terminar”, insistía Argüello, tratando de remediar la situación, pero en respuesta, el presidente de la CGR tomó la palabra. Nadie vio cómo le llegó un micrófono a la mano, pero de pronto, ya estaba diciendo que se iban.

“Señora presidenta de comisión, perdóneme, pero si usted es del criterio que este Consejo es, como dijo un ilustre magistrado, ilegal, ilícito e inexistente, mis compañeros, de manera unánime, hemos decidido que debemos abandonar la reunión, primero porque no hay quórum, y, además, esta lucha política de ustedes está planteada aquí y nosotros no queremos participar”, dijo molesto.

“¿Institucionalmente ustedes legales en el cargo?”, le preguntó EL NUEVO DIARIO al presidente de la CGR, Argüello Poessy, quien tras unos segundos de silencio, respondió: “Pregúntenle a quien nos invitó”.

Miriam Argüello, la última en salir de la sesión, evidentemente ofuscada, culpó a Eliseo Núñez de boicotear la sesión, y aclaró que no volverá a programar una cita con los contralores para aclarar las abrumadoras denuncias de corrupción en contra del gobierno, porque no cuenta con el respaldo de la mayoría de la Comisión para hacerlo.