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La identificación de un dictamen médico legal supuestamente falso en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio, con el que pretendían liberar a un narcotraficante, dio apertura a una profunda investigación que aún continúa en el Instituto de Medicina Legal, donde se ha encontrado más de un dictamen con las mismas anomalías.

El doctor Zacarías Duarte, Director del IML, confirmó que a pesar de que ya fueron despedidos cuatro trabajadores que formaban parte de la ruta de custodia de las pruebas forenses, las investigaciones continúan dentro y fuera de la institución.

“La Policía es la que debe dar información de los dictámenes  encontrados, por eso las investigaciones continúan a lo interno, así como a personas ajenas a la institución, porque los que se beneficiarían de los dictámenes están afuera”, expresó Duarte, sin dar más detalles.

Una fuente judicial confirmó que encontraron otros dictámenes con la firma y sello falsificado del doctor Neil Hernández, por eso la investigación tocó a otras secretarias clínicas de Medicina Legal.

“Pruebas señalan a corridos”
Sobre las cuatro personas corridas --Walter Solís, Martha Idalia Matus, Allan Moraga y Evelio Gutiérrez--, el director del IML aseguró que las investigaciones policiales mostraron indicios claros de que estos trabajadores estaban involucrados en la falsificación, y que la institución necesita garantizar la integridad de los documentos legales que salen de ahí.

“El Estado de Nicaragua ha planteado una política clara en la lucha contra el narcotráfico, estos trabajadores pretendían liberar a un narco. El dictamen falsificado salió del Instituto, para aparentar que era legal, y pasó por las manos de todas esas personas; no fue que lo falsificaron en la calle”, refirió el médico.

De acuerdo con la información policial, quien falsificó el dictamen médico legal fue el secretario clínico Walter Solís López, hijo de Walter Solís, quien fue juez suplente del Juzgado Segundo Distrito del Crimen de Managua, aseguró Duarte.

Sobre el señalamiento que hace Solís al médico Tuckler Urroz, de quedarse con el expediente del narco y el dictamen, y que nunca se lo regresó firmado y sellado, el doctor Duarte dijo que el testimonio de las personas es válido, pero las pruebas técnicas y científicas que realiza la Policía comprueban la responsabilidad de las personas.

“Independientemente de lo que las personas puedan expresar, es la prueba científica la que saca a luz la verdad”, reiteró.

¿Y las normativas?
Lo que queda claro a partir de esta experiencia, es que existe una falla en el sistema, ya que no se cumple con lo establecido.

Según el nuevo Modelo de Despacho Judicial, la correspondencia debe llegar a la oficina de mensajería de los Juzgados de Nejapa, la que se encargará de distribuir a los diferentes despachos, explicó Gerardo Rodríguez, encargado de la implementación del mismo.

Sin embargo, en la práctica, la mensajería que llega de Medicina Legal es entregada por el mensajero de esa institución directamente al despacho de los judiciales, confirmaron Duarte y el juez quinto Distrito Penal de Juicio, Sergio Palacios, quien identificó el dictamen falso.

Según médicos forenses, que prefirieron omitir su nombre, la falsificación se da porque no se han puesto en práctica las normativas de procedimiento para garantizar la custodia de la prueba legal.

Duarte explicó que aunque la investigación policial continúa, no significa que haya “cacería de brujas” en el IML, y que solo saldrán afectadas las personas que indiquen las pruebas policiales.