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La Red de Mujeres contra la Violencia se consideró alarmada ante el incremento de los femicidios o crímenes contra las mujeres, por lo cual exigió el esclarecimiento inmediato de todos los hechos y que se termine la impunidad de los femicidas.

“El monitoreo de femicidio que realiza la RMCV indica que en lo que va del año han sido asesinadas 40 mujeres, entre ellas cuatro niñas menores de 10 años”, dicta el pronunciamiento, y alegan que se evidencia la impunidad demostrada en los 22 asesinos de mujeres que se encuentran prófugos de la justicia, mientras que solo 11 criminales se encuentran en las celdas a la espera de ser juzgados, y únicamente a dos de los asesinos se les ha condenado en lo que va de 2011.

Agregan a esto la existencia de un importante subregistro de los datos reales de la violencia contra las mujeres; tipificación y clasificación inadecuadas de estos delitos que invisibilizan la gravedad y la dimensión del problema, vacíos procesales de forma y de fondo, interrogatorios revictimizantes, pérdidas de documentos, reprogramaciones excesivas de audiencias, abandono de la acción de persecución, abuso en las mediaciones, lo que conlleva a que las mujeres se desalienten y pierdan la confianza en el sistema de administración de justicia, por lo que muchas veces abandonan los procesos legales quedando expuestas a mayores riesgos, mientras sus agresores gozan de libertad e impunidad.

Enfermos patológicos
Mientras tanto, la psicóloga Cristian Rodríguez Ruiz, quien da atención de mujeres maltratadas, describió a los femicidas como enfermos patológicos alimentados por la cultura machista y la impunidad.

La especialista que apoya a la  Comisión Permanente de Derechos Humanos en la atención a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, VIF, explica que el femicida es alguien que tiene un concepto enfermizo de una relación de pareja y odia a las mujeres, por eso las mata de manera muy cruel o con saña.

“La manera de reconocer a un femicida potencial es por su actuación. El control excesivo sobre su pareja, la vigilancia de sus actividades y lo que viste, la manipulación económica y de los hijos a través del chantaje, así como la separación de amistades y familiares, es parte de un proceso de dominio que también implica la ofensa, la humillación y la destrucción de la autoestima de su posible víctima, que muchas veces lo asume”, determina la psicóloga, algo que muchas veces se traduce socialmente como simples celos.

Alega que posteriormente viene la violencia física, los empujones y golpes. Un proceso que no es a corto plazo, sino de años en que la mujer calla su suplicio, algo que ocurre frente a los hijos e hijas que, a nivel social, lo asumen como normal, para dar lugar al círculo de la violencia intrafamiliar.

El punto grave
Dado que el agresor considera a la mujer como un objeto, como su propiedad y no como una persona sujeta a derechos, el femicidio desemboca como una descarga de la frustración de la pérdida de control, cuando siente que ya no es capaz de intimidar a su pareja.

“Este punto es grave. No piensa que tienen hijos o hijas en común. Esta es la muestra de una situación de mala salud mental, de un enfermo patológico que, además, es alimentado por la impunidad ante la justicia”, alega Rodríguez, señalando que las autoridades no están tomando las acciones necesarias para evitar estas muertes.

Incluso mencionó que a pesar de su preparación, las autoridades no tienen la comprensión de la reacción de la víctima, ni de su dependencia, y con el tiempo muchos hasta se vuelven insensibles, no tienen paciencia y no dan la atención apropiara cuando la agredida interpone la denuncia en las comisarías de la Mujer y Niñez.

La doctora Odette Leytón, Fiscal Especial de Género del Ministerio Público, dijo que como parte de los operadores de justicia están trabajando para que en el tema de la VIF, la ruta crítica sea reducida y tenga mayor acompañamiento y representatividad en el proceso penal.

“También se necesitan campañas de educación y de sensibilización para lograr transformar conductas de niños y niñas que se van formando para desarraigar la violencia. Las mujeres no somos una propiedad”, expresó Leytón, comentando que esto debe ser más patente en el sistema educativo formal desde una perspectiva de género.

Para la RMCV, el Estado sigue sin garantizar la protección ni la seguridad de las mujeres, y aunque el mayor riesgo está en el hogar, las mujeres están aun más desprotegidas ante un sistema de justicia ineficiente y tolerante ante la violencia hacia las mujeres, niñas y niños.

Por tanto, exigieron a las autoridades que asuman su responsabilidad, la pronta aprobación de una Ley que prevenga, sancione y erradique la violencia contra las mujeres, además que sancione a los funcionarios públicos que se convierten en cómplices o encubridores de los agresores, al permitir tráficos de influencias y no cumplir con su responsabilidad de aplicar la ley.